La fiesta clandestina que tuvo lugar en la cantera de Roiz, en Valdáliga, ha sido objeto de intervenciones por parte de las autoridades, resultando en el desalojo de una considerable cantidad de asistentes. Hasta el momento, han abandonado el evento 175 personas junto a 46 vehículos, aunque se estima que entre 80 y 100 participantes todavía permanecen en el lugar.
El delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares, ha informado que los organizadores de la 'rave' ya han sido localizados y que se espera que la situación se resuelva en pocas horas. “En este momento, las instalaciones están siendo desmontadas”, añadió Casares, aludiendo a la rápida respuesta que ha tenido el operativo de seguridad.
Durante la tarde del lunes, diversos elementos como las barras de bar y el escenario fueron desmantelados, sin embargo, algunos asistentes continuaron en la cantera hasta avanzada la noche. A medida que transcurre el día, se anticipa que los restantes también comiencen a abandonar el área.
La Guardia Civil ha establecido un cerco en los cinco accesos a la cantera, manteniendo un dispositivo especial para garantizar que nadie más ingrese al lugar. Según estimaciones del delegado, el número total de participantes podría oscilar entre 300 y 400 personas. “Nuestra rápida actuación ha evitado que la situación se agrave, como ha sucedido en otros eventos similares en el país”, aseguró Casares.
La convocatoria de esta fiesta sin autorización se realizó a través de plataformas digitales, lo cual llevó a las autoridades a activar un operativo a las 7:00 de la mañana del sábado para controlar el ingreso de nuevos asistentes. Desde entonces, se han llevado a cabo múltiples controles de drogas y alcohol a las personas que han salido del evento.
Las implicaciones legales para los organizadores son serias, ya que podrían enfrentar multas que alcanzan hasta los 600.000 euros, mientras que los participantes se enfrentan a sanciones que varían entre 150 y 30.000 euros. Además, la empresa que tiene la concesión de la cantera ha presentado una demanda por ocupación ilegal del recinto.
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