AMA pide que la suspensión de los derribos en Argoños no obstaculice el largo proceso
SANTANDER, 25 Sep.
La Asociación de Maltratados por la Administración (AMA) ha expresado su valoración positiva respecto a la decisión judicial de suspender el derribo de 86 viviendas en Argoños, aunque con ciertos matices. Consideran que esta medida no debe servir como excusa para prolongar aún más un proceso que lleva décadas sin resolverse, ni como pretexto para la inacción de otros.
En este sentido, la asociación ha demandado que las resoluciones del Parlamento de Cantabria para brindar una solución "definitiva y justa, recompensando el daño causado", se implementen en un plazo no mayor a un año.
Ayer, el Gobierno regional informó que el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) ha suspendido el derribo de 86 viviendas en Argoños: 78 en la urbanización Pueblo del Mar y 8 en La Llana 2. Esta decisión se basa en la estimación del incidente de inejecución de sentencias presentado por el Ejecutivo, el Ayuntamiento y las respectivas comunidades de propietarios.
AMA, a través de un comunicado, ha manifestado que los afectados por los derribos acatan las decisiones del tribunal, aunque creen que es necesario ser cautelosos en las interpretaciones y apreciaciones que puedan generar falsas expectativas. Después de 15 años de suspensiones temporales dictadas por la justicia en casos como las 244 viviendas de las promociones Pueblo del Mar I y Las Llamas II, ubicadas en Argoños, y El Encinar, en Arnuero, la situación de injusticia generada por las administraciones públicas sigue sin resolverse.
No obstante, AMA considera que las resoluciones con respecto a las 86 viviendas de Argoños son "positivas, en la medida en que corrigen el absurdo de demoler viviendas que posteriormente el plan urbanístico permitiría volver a construir", aunque esperan que el proceso no se dilate más.
En este sentido, la asociación confía en que pronto la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJC pueda resolver la cuestión fundamental del caso, es decir, si las licencias presentadas y los incidentes de inejecución cumplen con la legalidad vigente o si es necesario demoler las viviendas.
La asociación lleva esperando una decisión definitiva desde hace un cuarto de siglo, y ahora los afectados no pueden seguir esperando más, ya que esta misma semana se han registrado tres fallecimientos en el colectivo y desde 2005, más de 220. Por tanto, AMA advierte que posponer las soluciones hasta que otros órganos judiciales se pronuncien podría implicar esperar muchos años más, profundizando en el daño a ciudadanos inocentes. Por ello, esperan que el Parlamento de Cantabria resuelva el asunto en un plazo máximo de un año, y que las palabras de apoyo de la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, y del consejero de Fomento, Roberto Media, respecto a ayudar a las familias, se hagan realidad.
"Desde AMA seguimos insistiendo en la necesidad de proporcionar soluciones rápidas y no desperdiciar dinero público en procesos interminables. Tan solo las nuevas licencias presentadas superan el millón de euros", concluye la asociación.