La asociación Arca ha manifestado su preocupación ante la modificación de la Ley del Suelo propuesta por el Gobierno de Cantabria (PP), afirmando que esta medida tendrá graves consecuencias para el medio rural y supondrá la destrucción irreversible del suelo fértil de la comunidad. Según Arca, esta modificación no tiene en cuenta el interés general, sino que busca promover la especulación inmobiliaria.

En opinión de Arca, la política gubernamental de permitir la construcción de viviendas unifamiliares dispersas en suelo rústico agravará los errores del gobierno anterior (PRC-PSOE), ya que no contribuirá a fijar población ni será sostenible económica y territorialmente. Además, esta política convertirá los pueblos en núcleos desordenados, perjudicando el potencial económico agropecuario y paisajístico de la región.

La asociación critica los argumentos del consejero de Fomento, Roberto Media, para justificar esta política, sosteniendo que contradicen la realidad y pasan por alto los principios básicos de la ordenación del territorio y la normativa nacional y europea. Arca señala que construir en suelo rural implica por sí mismo un acto de desorden y descontrol, por lo que hablar de un crecimiento controlado no es coherente.

Arca también destaca que el desarrollo socioeconómico de los municipios rurales siempre ha estado ligado a las actividades agroganaderas, forestales y turísticas complementarias. Considera falsa la afirmación de que la prohibición de construir en suelo rural impediría la tradicional construcción de viviendas unifamiliares, argumentando que en Cantabria estas viviendas suelen estar concentradas en núcleos o barrios separados.

La asociación sostiene que la ley vigente de 2012 a 2022 ha permitido la construcción de 3.000 viviendas en suelo urbano y alrededor de 1.500 en suelo rústico, lo que indica un desequilibrio único en España y refleja el fracaso de la planificación urbanística en la región. Esta situación ha generado controversia en la sociedad cántabra en los últimos años, pero el consejero y su gobierno parecen ignorar deliberadamente este debate, según Arca.

Finalmente, Arca argumenta que la supuesta generación de actividad económica derivada de la construcción en suelo rústico es solo temporal, ya que una vez terminada la construcción, desaparecen los empleos y solo quedan los gastos municipales que deben ser sufragados por todos. Además, rechaza la idea de que esta construcción fije población en los entornos rurales, ya que en realidad llena los pueblos de casas vacacionales y termina convirtiéndolos en lugares deshabitados la mayor parte del tiempo.

Por todas estas razones, Arca concluye que la modificación propuesta por el gobierno no busca el interés general de Cantabria, sino que está dirigida a favorecer y promover la especulación inmobiliaria en beneficio de unos pocos particulares locales.