Auxiliares de ayuda a domicilio denuncian condiciones precarias en el Parlamento.
SANTANDER, 30 de marzo
Un grupo de trabajadoras del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) en Cantabria se reunió hoy frente al Parlamento regional para poner de relieve la alarmante precariedad laboral que afecta a este sector crucial para la sociedad.
Durante la manifestación, las asistentes exhibieron carteles con mensajes conmovedores como 'Respeto a los trabajadores, calidad a los usuarios', 'Salarios dignos igual a vidas dignas', 'Sin nuestra labor, el sistema de dependencia colapsa', y 'Nos recortan el sueldo, no la voz', entre otros, evidenciando su lucha por condiciones laborales justas.
Este acto se produce en un contexto en el que el Gobierno de Cantabria ha anunciado un aumento en la financiación del SAD para 2026. Sin embargo, las trabajadoras afirman que dicho incremento no resulta en una mejora para ellas, sino que favorece a las empresas privadas que gestionan estos servicios.
Las empleadas subrayan que su labor es fundamental, ya que brindan atención directa a personas mayores y dependientes, ayudándolas en sus necesidades diarias y ofreciendo un apoyo social indispensable para combatir la soledad. No obstante, se quejan de tener que enfrentarse a condiciones laborales que consideran "precarias y desactualizadas".
Destacan, entre otros puntos, que deben utilizar sus propios vehículos para atender a los usuarios, recibiendo una compensación por kilometraje que permanece estancada en 0,18 euros por kilómetro desde 2008, según el convenio nacional de atención a personas dependientes.
Además, critican que su salario base está por debajo del Salario Mínimo Interprofesional, lo que les obliga a depender de complementos salariales para llegar a lo mínimo legalmente establecido.
También han alertado que, en el marco de un servicio que debería centrarse en la atención de personas mayores y dependientes, frecuentemente se les solicita llevar a cabo tareas de mantenimiento y limpieza del hogar, distorsionando así la esencia de su labor asistencial.
En esta línea, exigen una actualización del kilometraje a 0,26 euros por kilómetro, la implementación de un nuevo plus por desplazamiento, un adicional por desgaste de herramientas por el uso del vehículo propio, así como un aumento del salario base al menos hasta el nivel del Salario Mínimo Interprofesional. También demandan el reconocimiento oficial de las auxiliares como personal sociosanitario, la recuperación de un modelo de gestión pública del servicio y la re-municipalización, además del reconocimiento de las enfermedades musculoesqueléticas como enfermedades profesionales.
Solicitan, además, mayor supervisión y control por parte del Gobierno y las entidades locales sobre las empresas que gestionan estos servicios, particularmente en el cumplimiento de los planes de atención individualizada, con el fin de garantizar un servicio de calidad y evitar usos indebidos de fondos públicos.
Las trabajadoras instan al Gobierno de Cantabria y a todos los grupos políticos a no pasar por alto esta problemática.
Consideran que la solución a largo plazo radica en retomar la gestión pública y directa del servicio, excluyendo así la participación de empresas privadas con fines de lucro, a quienes responsabilizan de la precarización laboral y de la disminución de la calidad en la atención ofrecida.
De acuerdo a lo manifestado por las auxiliares, son alrededor de mil profesionales las que se ocupan de atender a miles de personas mayores y dependientes en la comunidad de Cantabria.