SANTANDER, 21 de enero. La Asociación de Viviendas de Uso Turístico de Cantabria, conocida como AVUTCAN, ha expresado su inquietud ante lo que consideran una grave falta de estabilidad jurídica, un caos administrativo y un tratamiento desigual que provocan las recientes medidas legislativas sobre las viviendas turísticas, las cuales se encuentran actualmente impugnadas en los tribunales por esta agrupación.

AVUTCAN ha señalado que el nuevo decreto obliga a miles de propietarios a presentar, en un periodo de hasta ocho meses, un certificado de compatibilidad urbanística que debe ser emitido por los ayuntamientos. Sin embargo, la asociación ha criticado que no se han proporcionado los recursos económicos ni el apoyo técnico necesario para que los municipios puedan hacer frente a esta exigencia.

La situación se complica aún más, pues varios ayuntamientos no cuentan con un planeamiento urbanístico actualizado ni con los recursos adecuados para emitir estos certificados. Esto ha generado retrasos significativos, criterios diversos entre diferentes municipios y una parálisis administrativa que dificulta el cumplimiento de la normativa para muchos ciudadanos que operan de buena fe.

En este contexto, AVUTCAN advierte que los propietarios podrían verse gravemente afectados por una situación que no han provocado ellos mismos, ya que la posibilidad de cumplir con el decreto depende completamente de la actuación de los ayuntamientos. Estos, a su vez, se encuentran en una situación de falta de medios y apoyo financiero, además de no contar con un marco urbanístico apropiado en muchos casos.

La asociación ha subrayado que esta problemática coloca a pequeños propietarios y familias en una posición de vulnerabilidad, enfrentándose al riesgo de ver suspendida su actividad o perder su inscripción registral debido a circunstancias ajenas a su control, lo que resulta en un trato desigual entre ciudadanos, dependiendo del municipio en el que se encuentren.

Asimismo, AVUTCAN ha recordado que existen fallos judiciales previos que instan a manejar estas situaciones con cuidado y respeto a la seguridad jurídica, mientras persistan las dudas legales y urbanísticas, para prevenir consecuencias irreversibles.

Finalmente, la asociación ha solicitado que se implementen soluciones que sean "inmediatas, realistas y proporcionadas", con el objetivo de evitar que la falta de recursos en las administraciones locales cause daños irreparables a miles de propietarios que han estado operando de forma legal en la región de Cantabria.