SANTANDER, 26 de noviembre.

La Asociación de Viviendas de Uso Turístico de Cantabria (AVUTCAN) ha decidido llevar su lucha al ámbito judicial, presentando una demanda contencioso-administrativa ante el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria. En esta acción legal, la asociación solicita también la suspensión cautelar del decreto que regula las viviendas de uso turístico en la región.

El fundamento de esta demanda radica en un estudio elaborado por la consultora inAtlas, que alerta que la implementación de este decreto podría acarrear pérdidas económicas superiores a 1.015 millones de euros en un periodo de dos años y la eliminación de aproximadamente 2.371 empleos cada año. La AVUTCAN también critica la carga administrativa adicional que el decreto impondría a los ayuntamientos.

Desde la asociación se argumenta que este nuevo decreto ataca directamente un modelo de turismo que no está basado en la especulación. Según señalaron, una gran parte de las viviendas de uso turístico en Cantabria corresponde a segundas residencias de propietarios locales que las alquilan para complementar sus ingresos, saldar hipotecas o mantener un patrimonio familiar en áreas donde escasean las alternativas de alojamiento.

AVUTCAN advierte que la potencial eliminación de hasta un 62% de la oferta de viviendas de uso turístico significaría dejar muchos pueblos del interior desprovistos de turistas, afectando así los ingresos de comercios y restaurantes locales y generando una mayor concentración de visitantes en Santander y la costa, al tiempo que el medio rural se empobrece y pierde oportunidades de desarrollo.

La demanda subraya, además, que el Consejo de Estado ya había señalado las debilidades del Decreto 50/2025 antes de su aprobación, destacando la falta de un análisis jurídico exhaustivo, la ausencia de una evaluación económica precisa y el no haber considerado adecuadamente las repercusiones administrativas para las administraciones locales y los ciudadanos.

AVUTCAN expresa su descontento al manifestar que el Gobierno aprobó el decreto sin abordar las deficiencias señaladas, careciendo de una memoria de impacto rigurosa y sin sopesar los riesgos que esta normativa traería consigo.

Desde el punto de vista legal, la asociación alega que el decreto es "inconstitucional e ilegal", denunciando su carácter retroactivo al exigir a 6.445 viviendas con actividad legal volver a tramitar sus licencias, bajo la amenaza de clausura y cancelación registral. Asimismo, critica que invade competencias municipales en materia de urbanismo, no cumple con el procedimiento europeo de notificación previa y vulnera principios de buena regulación al ser aprobado sin un análisis detallado de su impacto.

Durante todo el proceso de tramitación, AVUTCAN sostiene que los propietarios adoptaron una postura constructiva y dialogante, pero el Gobierno de Cantabria, liderado por el PP, desoyó tanto sus sugerencias como las alertas de varios consistorios, que advirtieron sobre la importancia del sector turístico, que representa alrededor del 11 % del PIB regional, y el riesgo de un colapso administrativo.

Finalmente, AVUTCAN lanza una clara advertencia: si el decreto no es suspendido, Cantabria se encaminará hacia un modelo turístico más compacto, frágil y desigual, con una costa sobresaturada y un interior cada vez más desolado. Por ello, la asociación hace un llamado al Gobierno para que inicie un nuevo proceso de regulación que se base en datos sólidos, que sea jurídicamente competente y que respete tanto a los municipios como a las familias locales.