La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga (PP), ha rechazado la amnistía y ha expresado su preocupación por las negociaciones entre el presidente en funciones, Pedro Sánchez, y los partidos independentistas catalanes, asegurando que esto no augura nada bueno para la región.
En su intervención en el Senado, Buruaga ha afirmado que defenderá los intereses de Cantabria hasta las últimas consecuencias y ha advertido a Sánchez que no tolerará privilegios de unos territorios frente a otros.
La presidenta regional ha reivindicado que el futuro de España debe ser decidido por todos los españoles y ha criticado que la gobernabilidad esté en manos de un independentismo que representa menos del 6% de la población española.
Según Buruaga, el país se encuentra en una encrucijada ante la posibilidad de que Sánchez ofreciera una amnistía a cambio de su investidura, lo cual considera un fraude y una aberración política que pondría en riesgo el orden constitucional y llevaría a España a una quiebra territorial, política y económica.
La presidenta cántabra ha subrayado que su gobierno no aceptará un trato desigual ni permitirá que se pisoteen sus derechos, y que luchará contra la ruptura, la desigualdad y el radicalismo. Además, ha rechazado la amnistía propuesta, argumentando que sería ilegal y un torpedo en la línea de flotación del marco constitucional.
Buruaga también ha expresado su preocupación de que la negociación entre Sánchez y los independentistas catalanes pueda resultar en más concesiones que socaven la igualdad de todos los españoles. Ha denunciado que el candidato a presidente esté aceptando condiciones inasumibles para cualquier demócrata, como amnistías, referéndums de autodeterminación y desigualdades financieras que no están contemplados en la Constitución.
La presidenta ha defendido el estado autonómico consagrado en la Constitución y ha criticado una España con regiones de primera y de segunda que utiliza las inversiones en infraestructuras como moneda de cambio. Asimismo, ha lamentado que se aparte la lengua española del ámbito educativo en algunos territorios y ha considerado esto una amenaza al estado autonómico y al bienestar.
En cuanto a la financiación autonómica, Buruaga ha abogado por abordar la reforma de manera conjunta y ha criticado el uso partidista del sistema. Ha destacado que la propuesta del gobierno de Sánchez supondría una pérdida inasumible de 472 millones de euros para Cantabria, lo que afectaría gravemente a su viabilidad como autonomía.
Además, la presidenta ha mencionado algunas particularidades de Cantabria, como la necesidad de mejorar las infraestructuras viarias y ferroviarias para romper con el aislamiento de la región, y la necesidad de revertir la protección del lobo que perjudica la ganadería extensiva. También ha hecho referencia a otros problemas comunes a toda España, como la inflación, la política fiscal, la ocupación y la ineficacia en la gestión de los fondos europeos.
Buruaga ha concluido pidiendo igualdad de trato en los Presupuestos Generales del Estado y una política energética que asegure la competitividad de la industria electro-intensiva de Cantabria.