La candidata autonómica del PP, María José Sáenz de Buruaga, ha anunciado una ley que garantizará el acceso a una vivienda digna y protegerá la propiedad privada de los cántabros.

Buruaga ha prometido que llevará a cabo una verdadera política de vivienda en Cantabria, inexistente en esta legislatura con el Gobierno PRC-PSOE. La ley que pretende aprobar sentará las bases para que los ciudadanos tengan acceso a una vivienda digna en régimen de propiedad o de alquiler y protegerá la propiedad privada.

La presidenta del PP ha contrapuesto esta norma que pretende aprobar con el proyecto de ley de vivienda con el que concluye la legislatura en Cantabria. El proyecto actual es intervencionista al máximo, establece el alquiler forzoso y no combate la okupación, por lo que supone un ataque directo a la propiedad privada de los cántabros.

La candidata ha anunciado que si llega al Gobierno, pondrá en marcha deducciones fiscales al alquiler y a la compra de vivienda, especialmente para jóvenes y para quienes adquieran una propiedad en zonas en riesgo de despoblamiento en zonas rurales. También ofrecerá incentivos económicos y fiscales para quienes pongan en el mercado viviendas que estén desocupadas.

Entre el paquete de medidas administrativas y fiscales para facilitar el acceso de los ciudadanos a una vivienda digna, ha anunciado una ayuda para que los jóvenes compren su primera vivienda con una deducción en el IRPF del 15% y un tipo reducido en el Impuesto de Transmisiones del 3% para todos los menores de 36 años. Además, ha explicado que si la compra de este primer inmueble es en la Cantabria despoblada, no pagarán nada ni por transmisiones patrimoniales ni por actos jurídicos documentados.

En el caso de la vivienda en alquiler, la deducción será del 30% del coste anual del alquiler con un límite de mil euros. Asimismo, se aprobarán desgravaciones fiscales para la compra de vivienda en las zonas en riesgo de despoblamiento de la Cantabria rural, del 25% para la compra de primera vivienda y del 15% en los casos de que no se trate de la vivienda habitual.

También ha anunciado la aprobación de desgravaciones fiscales en la tributación del Impuesto de Transmisiones y de Actos Jurídicos Documentados en estas zonas. Quien compre una vivienda en la Cantabria rural, pagará un 5% si es primera vivienda y un 6% si es segunda, y no pagará nada por Actos Jurídicos Documentados.

En el caso de los jóvenes, se garantizará la extensión de la financiación, desde el 80% del valor de la vivienda que suelen avalar las entidades bancarias hasta el 95%, y se reactivará la promoción de vivienda social nueva de competencia autonómica.

Junto a estas actuaciones para asegurar el acceso a la vivienda de los ciudadanos, Buruaga ha anunciado una serie de medidas para frenar la okupación ilegal en Cantabria. Entre tales medidas figuran el desalojo en 24 horas de quienes no puedan acreditar la titularidad válida de la vivienda, el desalojo inmediato en caso de flagrante ocupación y el endurecimiento de las penas por delito de usurpación de vivienda con hasta 3 años de prisión.

Además, se habilitará una oficina de apoyo y asesoramiento a las víctimas de la okupación con asistencia de especialistas y se estudiarán en qué supuestos corresponde compensar fiscalmente a los propietarios a través del IBI y otros impuestos. A estas iniciativas se suma la creación de un grupo de trabajo en la Federación de Municipios de Cantabria para coordinar las respuestas a adoptar en las primeras 48 horas de okupación.

Buruaga ha alertado que, como Revilla llegue al Gobierno de la mano de Podemos, tendremos un calco de la Ley de Vivienda de Pedro Sánchez y Podemos, que los regionalistas apoyaron en el congreso, y que obliga a alquilar viviendas vacías aunque el propietario no quiera. El único escudo para evitar este radicalismo es el PP.

Frente a todo ello, Buruaga ha defendido que su ley facilitará el crecimiento del parque público de viviendas e incorporará al mercado, mediante incentivos económicos y fiscales, las viviendas privadas que estén desocupadas. También se pondrá en marcha un programa de rehabilitación de viviendas en el medio rural destinado a fijar población en localidades de menos de 5.000 habitantes, y se modificarán aquellos artículos de la nueva ley del suelo aprobada por el gobierno PRC-PSOE que restringen la construcción de vivienda unifamiliar en suelo rústico y volver al régimen aprobado en 2012.