SANTANDER, 16 Dic. - La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) ha decidido tomar medidas cautelares y cerrar temporalmente el campo de golf Shangri-la de Gandarilla en San Vicente de la Barquera, así como paralizar sus obras.

Según la sentencia, fechada el 30 de noviembre y remitida por Ecologistas en Acción a los medios este sábado, la Sala ha aceptado el recurso de apelación presentado por la organización contra una resolución emitida el 29 de abril de 2022 por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 3 de Santander, la cual queda ahora revocada.

En consecuencia, se han implementado las medidas cautelares solicitadas por la asociación, excepto la suspensión de los eventos deportivos que ya se llevaron a cabo, el precinto de las instalaciones y la suspensión de los servicios básicos. Además, se han impuesto los costos al Ayuntamiento de San Vicente de la Barquera.

La Sala considera que la "inacción" por parte del Ayuntamiento permite el uso privado de instalaciones y la realización de obras y actividades deportivas que "no cuentan con las licencias y autorizaciones pertinentes".

Asimismo, considera que este uso privado debe ceder ante el interés general de la protección medioambiental, el cual se ve "severamente comprometido" por la realización de obras y actividades en suelo rústico "sin que la Administración haya verificado que cuenta con las licencias y autorizaciones necesarias".

Ecologistas en Acción, junto con la Junta Vecinal del pueblo, ha denunciado la situación "ilegal" de las instalaciones deportivas y de ocio del campo de golf Shangri-la, cuyos propietarios han llevado a cabo diversas obras y competencias que no cuentan con ninguna autorización legal ni municipal.

Según la organización, resulta llamativo que el propio Ayuntamiento haya presentado un informe jurídico ante los tribunales sobre estas instalaciones que pone de manifiesto su total ilegalidad.

Según ha señalado, este informe técnico municipal de fecha 17 de febrero de 2022 menciona que los movimientos de tierra, urbanización y construcción de muros de diferentes alturas, piscina, bolera, pistas de tenis y pádel, espacio para obtención de áridos y silos, así como el espacio techado para el almacenamiento de los mismos, casetas de aperos, perreras o merendero, "carecen de expediente alguno" y "no se ha realizado ningún trámite en relación con estas obras".

También ha criticado que las autoridades municipales hayan ignorado las denuncias presentadas por la Junta Vecinal y por la propia asociación.

Contra la sentencia cabe interponer recurso de casación en un plazo de 30 días desde la notificación de la misma.