En Cantabria, la situación de las prestaciones por dependencia sigue siendo motivo de preocupación. Según datos presentados a finales de octubre de 2025, actualmente hay 59 personas en espera de recibir la asistencia que ya les ha sido reconocida por el gobierno, lo que indica un estancamiento en el proceso de atención a dependientes.

La media de resolución de estos expedientes se sitúa en 211 días, superando en 31 días el plazo legal establecido. Se destaca que tan solo cuatro comunidades autónomas cumplen con este plazo, mientras que Cantabria se encuentra en un punto crítico, al igual que Navarra.

Esta situación fue expuesta por la consejera de Inclusión Social, Begoña Gómez del Río, durante una sesión en el Parlamento regional, donde se dirigió a las preocupaciones planteadas por el Partido Regionalista de Cantabria. La consejera defendió el desempeño de su departamento, argumentando que los informes recientes de expertos en servicios sociales sugieren que la situación es "altamente positiva".

Gómez del Río aclaró que "estar en el limbo de la dependencia" implica que una persona ha sido reconocida como dependiente, pero aún no se le ha asignado ninguna ayuda económica ni acceso a servicios como teleasistencia o atención a domicilio. Es decir, existe un reconocimiento oficial de su derecho, pero no se ha hecho efectivo en la práctica.

La consejera también subrayó que, según el informe mencionado, Cantabria y Aragón son las comunidades que menos personas tienen en esta situación indeseada. Afirmó que desde julio de 2023, cuando había 693 personas pendientes, esa cifra ha disminuido significativamente a los 59 actuales, con proyecciones optimistas que apuntan a 143 para finales de 2025.

En su análisis comparativo, Gómez del Río resaltó que en el resto de España, el promedio para resolver estos expedientes es de 138 días más que en Cantabria, destacando así un avance notable a pesar de no llegar a los límites óptimos. "Aunque no estamos dentro de los plazos, los números están a favor de Cantabria", enfatizó la consejera.

Además, en 2025, la comunidad ha recibido un incremento de nueve millones de euros en financiación estatal en comparación con el año anterior. Gómez del Río, a pesar de reconocer este avance, criticó que el Gobierno de España solo financia un 25% del gasto por dependencia, cuando le corresponde aportar un 50%.

Explicó que este aumento en la financiación se debe a los "buenos resultados" obtenidos a través de un "mejor trabajo" en la gestión de recursos, y que se tiene en cuenta el número de dependientes, los servicios disponibles y el esfuerzo realizado por la comunidad autónoma.

La consejera también mencionó un aumento en el número de beneficiarios de ayudas por dependencia, que pasó de 17,553 en diciembre de 2022 a 18,184 en la actualidad. En cuanto a las prestaciones, el incremento fue de 26,847 en diciembre de 2023 a 28,889 en septiembre de 2025.

Sin embargo, la diputada regionalista Rosa Díaz expresó su preocupación ante lo que considera un deterioro en el sistema de dependencia en Cantabria y mencionó datos alarmantes en el informe del Observatorio Estatal para la Dependencia. Si bien Díaz reconoció algunas mejoras, enfatizó que la situación actual no es satisfactoria y que existen comunidades con peores condiciones, pero eso no justifica la complacencia.

Respecto al tiempo necesario para la decisión de los expedientes, Díaz mencionó que muchos hogares sufren al tener que afrontar el costo de los servicios mientras esperan respuestas del gobierno. También expresó su preocupación por la calidad de las prestaciones a domicilio, que no siempre satisfacen las necesidades de las personas dependientes.

Adicionalmente, Díaz criticó severamente la disminución del presupuesto de Dependencia, que cayó de 27,3 millones en 2023 a 14,8 millones en 2024. También hizo hincapié en la falta de plazas en residencias y centros de día, asegurando que los planes para 2025 no se están cumpliendo y que la única manera de abordar esta crisis es ampliar la capacidad de los centros existentes.

Por último, la diputada regionalista lamentó que Cantabria se mantenga por debajo de la media nacional en gasto por persona en prestaciones dirigidas a quienes potencialmente requieren atención, con un promedio de 1,234 euros frente a los 1,427 euros de media en el resto del país. Esta situación demanda una atención inmediata por parte de las autoridades, para asegurar que todos los ciudadanos reciban el cuidado que merecen.