El 13 de noviembre en Santander, el consejero de Salud de Cantabria, César Pascual, perteneciente al Partido Popular, expresó su confianza en que los programas de prevención del cáncer están dando resultados positivos y que los tiempos de espera para las citas médicas están mejorando. Tras experimentar un retraso de dos meses causado por la falta de radiólogos, Pascual estima que la normalidad se podría restablecer hacia finales de este año o principios de 2026.

Durante su intervención en la Comisión de Economía, el consejero presentó el presupuesto del departamento para 2026, cifra que alcanza los 1.320 millones de euros. Este presupuesto ha sido calificado por él como "histórico" y "récord", aunque la oposición critica que las políticas mostradas son meras repeticiones de las del año anterior.

Pascual argumentó que la lista de espera sanitaria continúa disminuyendo y propuso que, si esta tendencia persiste, se cumplirán los ambiciosos plazos del plan que prevé finalizar 2026 con tiempos de espera de 80 días para cirugías, 40 días para primeras consultas, y 30 días para pruebas diagnósticas.

El consejero también defendió la importancia de la prototerapia y desestimó las acusaciones de escasez de personal, apuntando que una baja médica no implica necesariamente un déficit de plantilla.

Respecto a las obras en consultorios, Pascual señaló que las demoras se deben a que los ayuntamientos no han presentado a tiempo las memorias justificativas requeridas por el Servicio Cántabro de Salud.

En relación a la dotación de personal en Laredo, el titular de Salud comunicó que no es viable añadir una tercera enfermera, tal como piden los regionalistas para negociar el presupuesto, ya que el número de enfermeras en quirófano está establecido en dos.

Haciendo un llamado a la calma, Pascual instó a los grupos parlamentarios a respaldar el presupuesto del próximo año, al asegurar que es fundamental para el sostenimiento de los servicios públicos y los derechos de los ciudadanos. Advirtió que un rechazo a las cuentas significaría retroceder a una situación desfavorable del presupuesto de enero de 2025, lo que conllevaría una pérdida de 225 millones de euros, de los cuales 98 corresponden a sanidad.

El consejero subrayó que cada grupo deberá justificar su decisión, advirtiendo que rechazar el presupuesto no solo estancaría los avances, sino que podría llevar a recortes en servicios esenciales. Reiteró que el plan financiero no contempla un incremento en la externalización de servicios sanitarios, sino que busca mantener y expandir los recursos sin desperdicio.

Pascual alentó a los grupos a aportar propuestas para mejorar el presupuesto, a la vez que enfatizó que se trata de una decisión crucial para el futuro de la región. Afirmó que no sería un simple debate ideológico, sino una elección de desarrollo regional.

Desde el Grupo Parlamentario Popular, el diputado Miguel Ángel Vargas reafirmó su postura de apoyo al proyecto presupuestario, considerándolo beneficioso para la sanidad en Cantabria y resaltando la importancia de actuar en favor del bienestar de la ciudadanía.

Vargas criticó la información desvirtuada que se ha difundido en los últimos dos años y medio acerca de supuestas privatizaciones y reducciones en la sanidad. Defendió que este presupuesto simplemente continúa los logros alcanzados en 2025, que ya han sido positivos para el sistema sanitario.

Por su parte, la oposición no ha tardado en manifestar su descontento. La diputada del PRC, Paula Fernández, cuestionó la originalidad del nuevo presupuesto, sugiriendo que repite elementos del año anterior. Criticó la escasa ejecución de las partidas relacionadas con obras en centros de salud y consultorios rurales.

Fernández propuso diversas medidas, como mejorar el servicio de farmacología y la implementación de un programa para asegurar que todas las mamografías estén completadas para diciembre, así como motivar a los radiólogos para que permanezcan en el sistema público.

Además, sugirió la reorganización de personal para cubrir las carencias en varios especialidades, cuestionando la suficiencia de la financiación destinada a los consultorios.

El PSOE, representado por el exconsejero Raúl Pesquera, fue aún más crítico, calificando el presupuesto de "malo" y una extensión de la política del Partido Popular, marcada por la privatización y la mala gestión de recursos. Aseguró que el porcentaje del presupuesto destinado a sanidad no ha variado, mientras el aumento general es evidente.

Pesquera también mencionó que la construcción del helipuerto no se contempla en este presupuesto y criticó la falta de ejecución de inversiones planeadas en los años anteriores. A su juicio, el presupuesto es simplemente un compendio de intenciones sin avances concretos.

Desde Vox, plantearon la necesidad de una revisión exhaustiva del presupuesto, a pesar de reconocer que es expansivo y necesario. Sin embargo, enfatizaron que no es solo cuestión de cuánto se gasta, sino de asegurar un control efectivo sobre cómo se utilizan esos recursos.

Con el objetivo de abordar las listas de espera, que continúan siendo una preocupación de los ciudadanos, Vox propuso diversas medidas que incluyen la mejora de centros de salud y el fortalecimiento de la sanidad pública. Además, alertaron sobre el gasto en protonterapia, considerándolo excesivo y comprometiendo la viabilidad del presupuesto regional ante una creciente competencia nacional.