SANTANDER, 1 de diciembre.

El parlamento de Cantabria ha dado un paso importante este lunes al aprobar, con el respaldo de todos los grupos excepto el PSOE, una proposición no de ley presentada por Vox. Esta iniciativa busca definir el fenómeno de la 'inquiokupación', recopilar estadísticas sobre el mismo y proponer medidas que garanticen la seguridad jurídica a los propietarios, además de evitar que los arrendadores deban tributar por rentas no percibidas.

Vox ha encontrado aliados en el Partido Popular (PP) y el Partido Regionalista de Cantabria (PRC) para avanzar en esta propuesta, mientras que los socialistas han expresado sus reservas, argumentando que la problemática de morosidad ya está contemplada en la legislación actual. Los socialistas han defendido la importancia del diálogo social y de reforzar los mecanismos judiciales como solución a este asunto.

La proposición no de ley aprobada contempla medidas concretas, como la definición de la inquietante 'inquiokupación' con el fin de obtener datos precisos sobre su impacto, desarrollar estadísticas oficiales para un mejor seguimiento de los casos, y asegurar la protección jurídica de los propietarios. También propone levantar la suspensión de desahucios y ajustar la legislación fiscal para que no se obligue a los arrendadores a declarar ingresos que no han recibido.

Esta votación se produce en un contexto en el que el Gobierno de Cantabria anunció recientemente la creación de una Oficina de Apoyo a las Víctimas de la Ocupación y la Inquiocupación, como parte de una estrategia más amplia que incluye la contratación de un asesor jurídico para gestionar este nuevo servicio, así como un canal de comunicación para ayudar a los afectados.

Sin embargo, no todas las proposiciones debatidas en el pleno fueron aprobadas. Una propuesta del PRC para establecer una unidad autonómica que prevenga la violencia digital y una segunda del PSOE para formar una mesa de trabajo sobre transporte público no lograron el apoyo necesario. La propuesta de los regionalistas contaba con el respaldo del PSOE gracias a una enmienda, pero fue rechazada por el PP y Vox, lo que resultó en su fracaso.

El PP justifica su voto en contra argumentando que ya existen estructuras y protocolos eficaces para atender a las víctimas de violencia de género, sugiriendo que la nueva PNL sólo duplicaría recursos y crearía confusión. Vox también se mostró reticente a generar más burocracia, argumentando que es más eficiente aplicar la ley existente de manera efectiva.

En cuanto a la iniciativa del PSOE para abordar el transporte público, este grupo se encontró solo al intentar establecer una mesa de trabajo. Sus propuestas estaban encaminadas a dar respuesta al descontento manifestado por estudiantes y trabajadores a causa de los constantes retrasos y la insuficiencia del servicio de transporte, condicionando el acceso a oportunidades fundamentales.

El PSOE advirtió que sin una adecuada movilidad en la región, es difícil abordar cuestiones como la despoblación o la igualdad de oportunidades. Además, cuestionaron la presentación del consejero de Fomento sobre el nuevo modelo de transporte, indicando que si bien es un primer paso, no es suficiente para resolver los problemas existentes.

El PP, por su parte, criticó al PSOE por "llegar tarde" a un debate que debieron abordar cuando estaban en el poder, mientras que el PRC se abstuvo señalando que ya existen espacios de diálogo en curso sobre el transporte, y Vox también se mostró en contra de crear una mesa que no incluya la representación de todos los sistemas de transporte, sugiriendo que la actual administración no ha sido tan ineficaz como la anterior.