El pasado viernes, el consejero de Educación de Cantabria, Sergio Silva, dio a conocer un nuevo anteproyecto de ley que busca establecer la autoridad del profesorado y promover la convivencia en los centros educativos de la región. Esta iniciativa legal tiene como objetivo darle un reconocimiento formal al papel del docente, atribuyéndole la consideración de autoridad pública y asegurando la veracidad de sus declaraciones en el ejercicio de su labor.

Silva anunció que el anteproyecto, que consta de 20 artículos, será llevado al Consejo de Gobierno en un plazo de seis a ocho semanas, con la intención de que sea posteriormente revisado y aprobado por el Parlamento. Según el consejero, esta ley es fundamental para "mejorar" la convivencia en las aulas y "dignificar" la labor educativa, y está abierto a dialogar y negociar con otros grupos políticos para lograr su implementación.

El consejero subrayó que la ley tiene un propósito claro: en primer lugar, establecer la autoridad pública del profesorado, lo que busca fomentar el respeto y la valoración del docente en su trabajo. En segundo lugar, se pretende crear un marco general que regule la convivencia escolar, donde el profesorado, dotado de los poderes necesarios, actúe como defensor de un ambiente saludable y acorde al aprendizaje.

Este nuevo marco normativo se compone de dos títulos. El primer título se centra en la figura del docente, confirmando su estatus como autoridad pública y reconociendo su labor con artículos que abordan su formación y apoyo ante conflictos, así como la validez de sus declaraciones en el cumplimiento de sus funciones. El segundo título se enfoca en la convivencia en las escuelas, estableciendo pautas y medidas que se aplicarán para restaurar el orden cuando sea pertinente, incluyendo un enfoque especial en la protección de las víctimas de acoso escolar.

El consejero hizo hincapié en que esta ley representa un avance significativo en la lucha contra el acoso escolar, ya que incorpora tanto estrategias educativas como sanciones para situaciones que deterioren la convivencia. Entre las medidas correctivas propuestas, se contempla la posibilidad de suspender a un alumno de asistir a clases durante un máximo de veinte días por comportamientos gravemente perjudiciales.

Sin embargo, Silva puntualizó que el enfoque de esta ley no es sancionador, sino que busca establecer un marco comprensivo que complemente otras normativas existentes en materia de convivencia escolar. A la luz de los resultados de una encuesta realizada por el sindicato ANPE, que indicó que solo un 2% de los docentes siente que su trabajo es valorado, Silva comentó que estos datos no se alinean bien con las percepciones que manejan en su departamento, que indican que Cantabria tiene un entorno escolar favorable.

El consejero también mencionó una encuesta interna realizada a 5,000 profesores, que muestra un panorama más optimista que el estudio de ANPE. No obstante, reconoció que una parte significativa del profesorado siente que su labor no recibe la comprensión adecuada y que los desafíos de la profesión están en aumento. Silva defendió que la legislación para dignificar la labor docente es un paso necesario para contrarrestar estas sensaciones.

Es importante aclarar que, según Silva, hablar de la autoridad del docente no implica adoptar un enfoque autoritario. Se trata de situar al profesor como promotor del bienestar escolar, fortaleciendo su autoridad tanto en el aula como legalmente ante la sociedad. Silva concluyó con la firme creencia de que es vital respaldar la profesión docente desde el ámbito legal, subrayando la importancia de dignificar esta labor en la comunidad.

Finalmente, el consejero indicó que el borrador completo del anteproyecto estará disponible para su consulta en la Dirección General de Calidad y Equidad Educativa en Santander, así como en plataformas digitales, durante un periodo de diez días hábiles a partir del 23 de enero.