La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, ha denunciado el trato discriminatorio que está recibiendo su comunidad por parte del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien estaría cediendo a las demandas del independentismo catalán a cambio de mantenerse en el poder. Según Buruaga, no van a permitir que Sánchez negocie con los intereses de los cántabros y los trate como ciudadanos de segunda categoría.
En palabras de la presidenta regional, lo ocurrido ayer en el Congreso de los Diputados es un esperpento que demuestra una vez más que el Gobierno de España está comprando votos a costa de los intereses de todos los españoles.
En un comunicado, Buruaga ha reprochado las concesiones que Sánchez ha otorgado a los independentistas catalanes, mencionando en particular la división de competencias en inmigración en un país con frontera en la Unión Europea, el debate de la financiación autonómica mediante las balanzas fiscales y los agravios en materia de transporte. Según la presidenta, no aceptarán más humillaciones ni maltrato, ya que considera insostenible una legislatura con un presidente que se pliega y se deja extorsionar para mantenerse en el poder.
Buruaga ha calificado las concesiones a Cataluña, especialmente la bonificación del transporte público, como una burla para Cantabria, una comunidad que sufre las consecuencias de que sus trenes no puedan utilizar los túneles. Sin embargo, ha asegurado que el Gobierno regional está firmemente comprometido a defender los derechos e intereses de los cántabros utilizando todos los recursos disponibles.
La presidenta ha anunciado que lo primero que hará es exigir nuevamente la convocatoria urgente de la Conferencia de Presidentes para reclamar igualdad entre los españoles, una convocatoria que Cantabria ha estado solicitando sin éxito desde hace semanas y cuyo reglamento se está incumpliendo.
Finalmente, Buruaga ha pedido a Sánchez respeto tanto para los cántabros como para el resto de españoles, quienes no merecen un Gobierno de España que solo se dedica a negociar y atender órdenes provenientes de Ginebra, en lugar de gobernar y planificar de manera adecuada.
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