Vox ha denunciado que se está llevando a cabo la restauración de un antiguo centro de acogida en Polientes, donde anteriormente se albergaban campamentos, con el fin de recibir a un grupo de menores migrantes no acompañados.

La consejera de Inclusión Social del Gobierno de Cantabria, Begoña Gómez del Río, perteneciente al Partido Popular, ha indicado que el Ejecutivo regional se encuentra organizando los recursos y el personal necesarios para atender a los 156 menores que el Gobierno central, bajo la dirección de PSOE y Sumar, ha enviado a la comunidad autónoma. Esta acción es considerada como una medida urgente, puesto que el Gobierno se encuentra en la incertidumbre respecto a la logística de los traslados.

Gómez del Río ha explicado que la modificación de una orden reguladora permitirá establecer "un marco legal" para la creación rápida de centros de acogida de carácter provisional ante esta "imposición" del Gobierno central a través del Real Decreto 2/2025. Esta modificación es presentada como una solución necesaria ante la falta de información concreta sobre la llegada de los menores.

La consejera considera que estos nuevos centros representan una opción viable, dado que la manera en que se llevarán a cabo los traslados es incierta: si serán individuales, por grupos pequeños o todos juntos.

Con la modificación normativa, se prevé flexibilizar los criterios para la contratación de personal en estos centros, permitiendo la inclusión de integradores sociales y mediadores culturales. Según Gómez del Río, estos profesionales servirán para mejorar la comunicación y facilitar la integración de los menores, además de garantizar la seguridad en el espacio.

“El señor Sánchez no está haciendo planes, así que nosotros debemos actuar”, añadió la consejera, enfatizando la posición del Gobierno cántabro que rechaza la injerencia del Ejecutivo central al determinar cuántos menores deben ser acogidos en la región. Gómez del Río subrayó que su administración se opone a tratar a los menores como simple mercancía en un juego político promovido por la administración de Sánchez.

Durante una reciente sesión en el Parlamento de Cantabria, la portavoz de Vox, Leticia Díaz, interpeló a la consejera, afirmando que el Gobierno regional está acondicionando el centro en Polientes para recibir a los menores. En respuesta, Gómez del Río sostuvó que no pueden arreglar un centro que no es de su propiedad.

Díaz advirtió sobre la preocupación existente en Campoo-Los Valles, evidenciando que se están realizando trabajos de pintura en el centro y que se está buscando contratar a 70 profesionales para su funcionamiento, factores que, según ella, son de conocimiento público.

“Sea más clara y transparente”, solicitó Díaz a la consejera, señalando que la llegada de estos menores podría triplicar la población de su municipio.

Además, la portavoz de Vox cuestionó el motivo detrás de la modificación de la norma, acusando al Gobierno de actuar con "discreción política" y de disminuir los estándares de calidad y seguridad para los centros de acogida, eliminando el límite de 24 usuarios por establecimiento.

Díaz criticó la dualidad en el discurso del Gobierno, que por un lado manifiesta su descontento con el plan de distribución de menores migrantes, pero por otro, accede a una disminución de la calidad en el sistema de atención, lo que contradice su postura. Según ella, existe un "doble discurso" que busca calmar a la opinión pública, mientras se facilita la llegada de estos menores al reducir los estándares de atención.

La portavoz de Vox concluyó afirmando que esta actuación representa una sumisión incondicional a Sánchez y un intento de engañar a los ciudadanos de Cantabria, planteando serias interrogantes sobre la gestión del Gobierno en esta materia.