El Ejecutivo de Cantabria ha anunciado que abonará a sus funcionarios una subida salarial del 2,5 por ciento correspondiente a 2025 en la nómina de enero. Este incremento, que tiene efecto retroactivo desde el 1 de enero, se realizará en una única paga, según la información proporcionada por el Gobierno regional.

Esta decisión afectará a aproximadamente 27,000 trabajadores del sector público autonómico, abarcando tanto la administración general como el sector público institucional. En este contexto, la administración regional destaca el impacto positivo de esta medida en el ámbito laboral.

El acuerdo de aumento salarial, recientemente aprobado por el Gobierno central y que se publicó en el Boletín Oficial del Estado, implicará un costo para la región de 35 millones de euros debido a la subida del 2,5% prevista para este año. Además, el presupuesto se verá afectado en más de 56 millones de euros si se considera también el incremento del 1,5% que comenzará a aplicarse en enero de 2026.

Isabel Urrutia, consejera de Presidencia, Justicia, Seguridad y Simplificación Administrativa, ha subrayado que el pago del aumento salarial se realizará "tan pronto como sea posible", tras la reciente publicación del Real Decreto Ley y una vez que se hayan realizado las adecuaciones técnicas necesarias para aplicar la nueva normativa, como la actualización de nóminas y el cálculo de los atrasos.

La consejera ha expresado su preocupación por la falta de información sobre las negociaciones con los sindicatos, señalando que hasta el momento no había claridad oficial al respecto, lo que contrasta con las informaciones que han circulado en los medios. Urrutia lamenta lo que considera una "falta de lealtad institucional" por parte del Gobierno central al no coordinarse debidamente con las comunidades autónomas.

En este contexto, Urrutia, del Partido Popular, ha criticado la administración del Gobierno de España, argumentando que la demora en la aprobación de los incrementos salariales fundamentales se debe a la falta de presupuestos a nivel nacional. Asegura que esta situación ha tenido un impacto significativo en la gestión de las cuentas de las comunidades autónomas.

Asimismo, ha señalado la incertidumbre jurídica generada por la necesidad de validar el Real Decreto Ley de incremento retributivo en un plazo de un mes en el Congreso, destacando la fragilidad parlamentaria del Gobierno de España, lo que complica la labor legislativa en este ámbito.