Cantabria planea cerrar 72 aulas por caída de escolarización para 2026-2027
Unas 200 personas se concentraron este viernes frente a la Consejería de Educación en Santander para protestar contra el cierre de 72 aulas en centros públicos de Infantil y Primaria, previsto para el curso 2026-2027. La movilización refleja el rechazo de familias y AMPA ante una medida que consideran inadecuada en un contexto de disminución de matrícula.
La decisión de cerrar estas aulas responde a una tendencia de descenso en la natalidad y matrícula en la comunidad, que ha llevado a la Administración educativa a reducir recursos en determinados centros. La medida ha generado preocupación por el impacto en la calidad educativa y en la libertad de elección de las familias, además de cuestionar la planificación del sistema público en la región.
Los afectados han manifestado su malestar por la forma en que se comunicó la medida, en un periodo cercano a la matrícula y sin suficiente diálogo previo. La protesta se enmarca en un contexto político donde las políticas educativas en Cantabria han estado bajo escrutinio, especialmente ante las recientes decisiones de recorte en recursos públicos. La comunidad educativa reclama una planificación que refleje la demanda real y respete los derechos de las familias.
Desde el punto de vista político, la medida se vincula con las restricciones presupuestarias y las prioridades del Gobierno regional, que busca ajustar el gasto ante la caída de escolarización. Sin embargo, los sindicatos y las asociaciones de padres critican que estas decisiones puedan afectar la cohesión del sistema educativo y la equidad territorial. La falta de una estrategia clara para afrontar el declive demográfico agrava aún más la situación.
Por ahora, las movilizaciones continúan y las familias exigen la revisión de los cierres previstos. La Administración ha asegurado que se estudiarán alternativas, pero mantiene la intención de reducir recursos en función del descenso en alumnado. El futuro de las aulas afectadas dependerá de la capacidad de diálogo y de una planificación que priorice la calidad y la igualdad educativa.
En un escenario más amplio, la tendencia de decrecimiento demográfico en Cantabria y en otras comunidades autónomas plantea desafíos estructurales para el sistema educativo. La política educativa deberá afrontar estos cambios con medidas que garantice la sostenibilidad sin perjudicar los derechos de las familias ni la calidad de la enseñanza pública.