En un movimiento que ha generado controversia, el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática ha decidido otorgar a Cantabria una suma de 70.141 euros para la ejecución de siete proyectos relacionados con la memoria histórica. Esta asignación está destinada a financiar iniciativas que el Gobierno regional ha presentado para su implementación en el año 2024.

La noticia fue oficializada a través del Boletín Oficial del Estado (BOE), que en su edición del martes ha publicado la aprobación de esta transferencia económica al Ejecutivo autonómico, lo que abrirá la puerta a la ejecución de los proyectos en el ámbito de la Memoria Democrática.

Entre los proyectos aprobados se destaca la elaboración de informes monográficos sobre personas desaparecidas durante la Guerra Civil y la posguerra, así como la realización de un proyecto que se centrará en la Memoria Histórica del Valle del Nansa. Este último buscará recoger los testimonios orales de vecinos que vivieron los acontecimientos de la Guerra Civil, la posguerra y el franquismo, aportando una visión desde las voces de quienes experimentaron esos tiempos turbulentos.

Además, el conjunto de iniciativas incluye una investigación sobre la participación de presos en la construcción de una central hidroeléctrica en el Valle del Nansa. Un ciclo de conferencias titulado 'Memorias de la historia: de la historia a la huida hacia adelante' también se contempla, con el objetivo de analizar los eventos de la Guerra Civil Española en Cantabria y dos de las consecuencias más relevantes: el exilio y la defensa intelectual del régimen que surgió tras la contienda.

Entre los proyectos figura también la edición de una monografía sobre Ricardo Bernardo, un artista cántabro que se exilió en Francia. La obra incluirá materiales sobre su vida, así como su texto 'Diario del exilio' y correspondencia con contemporáneos también forzados al exilio, aportando así un enfoque cultural a estos fondos destinados a la memoria histórica.

El Ministerio respaldará igualmente otros esfuerzos, como la publicación de los diarios inéditos de José María de Cossío, que abarcan desde 1931 hasta 1957, y la continuación de los trabajos de digitalización de expedientes personales de internos de la Prisión Provincial de Santander entre 1933 y 1974.

Es relevante señalar que esta financiación llega a Cantabria tras la derogación de la ley autonómica de Memoria Histórica y Democrática, la cual fue oficializada en el Boletín Oficial de Cantabria el pasado 12 de noviembre. Este hecho abre un nuevo capítulo en la política de memoria histórica en la región, en un contexto donde el debate sobre el legado del pasado continúa generando posiciones encontradas.