Gómez de Diego piensa que el auténtico inconveniente es el ingreso a la vivienda y condena que se lancen mensajes de "alarma y también inseguridad" cerca de los okupas

SANTANDER, 19 Oct.

Cantabria registró entre los meses de enero y julio un total de 23 métodos judiciales iniciados este año por okupaciones ilegales de casas, lo que piensa una tasa de 1,4 por cada cien.000 pobladores, sutilmente bajo la cifra nacional del 1,6.

Según datos del Ministerio de Interior de los que se hizo eco este miércoles la consejera de Políticas Sociales de Cantabria, Eugenia Gómez de Diego (PSOE), los siete primeros meses del año hubo en conjunto 49 demandas por entradas a inmuebles en la Comunidad, pero estos datos, que proceden de las demandas frente a la Guardia Civil y la Policía Nacional, no distinguen entre usurpaciones o allanamientos de morada --los primeros son los que se generan en casas vacías o entidades como bancos-- y en la situacion de los allanamientos tampoco discriminan si son para quedarse en la vivienda o para hurtar.

Por ello, según la consejera "no tenemos la posibilidad de decir que esos datos son okupaciones por el hecho de que no es verdad", tal es así que las 'okupaciones' oficiales serían esos 23 casos que llegaron al Tribunal Superior de Justicia de Cantabria. Así, a juicio de la socialista, la okupación ilegal de casas "es un inconveniente" en la Comunidad pues "puede llegar a perturbar la convivencia" en las ubicaciones y comunidades de vecinos perjudicadas, pero "no es una alarma popular" por el hecho de que "la incidencia es bajísima, por fortuna", sabiendo que hay en suma 367.356 casas.

Así lo dijo la titular de Políticas Sociales, de la que es dependiente la Dirección General de Vivienda, en una comisión de su área conmemorada este miércoles en el Parlamento regional para ofrecer contestación a múltiples cuestiones sobre los datos de okupación elaboradas por el diputado del PP Iñigo Fernández, que ha lamentado que

En contestación a las cuestiones del 'habitual', la consejera ha detallado que, según los datos del Sistema Estadístico de Criminalidad de la Secretaria de Estado de Seguridad, en 2018 hubo 93 demandas por ocupaciones de inmuebles--sin distinguir entre usurpaciones y allanamientos--; 85 en 2019; 52 en 2020; y 101 en 2021, a los que se aúnan las 49 en lo que va del 2022.

De esas demandas, los métodos que se abrieron en los juzgados por okupas se rebajan a 34 en 2019, 43 en 2020 y 43 en 2021, mucho más los 23 hasta julio de 2022 --de 2018 no existe el apunte--.

De las casas okupadas en 2022, ciertas son propiedad del Gobierno de Cantabria, específicamente de la compañía pública Gesvican. Se trata de un inmueble en Santander, una casa y una cuarta parte de bicicletas en Torrelavega, tal como otras 4 en Argoños, que son casas con sentencias de derribo, todas y cada una ellas con la demanda ahora cursada, según la consejera.

Para Gómez de Diego, el auténtico inconveniente que hay "en Europa, en España y en Cantabria" es el ingreso a la vivienda, más que nada para los jóvenes, ciertas etnias y familias que deben asignar a ella parte de sus capital mayor a lo aconsejable, que es un 30%.

Además, el "foco" del inconveniente de las okupaciones se da en casas que están despobladas y que tienden a ser de "enormes tenedores", como la Sareb, explicó, agregando que el Gobierno regional ahora ha pedido a esta entidad que acondicione y rehabilite sus inmuebles y los comercialice.

Asimismo, y en el propósito del Ejecutivo de continuar ampliando el parque de casas --ha comprado este año cinco mucho más en Camargo, Santander y Torrelavega y está gestionando la adquisición de otras tres en Piélagos-- asimismo llegó a pactos con la Sareb para la cesión y la adquisición de casas, y trabaja en exactamente la misma línea con otros tenedores.

Así, la consejera ha rechazado que la oposición lance mensajes que "desarrollan alarma y también inseguridad" cerca de los ocupas, por el hecho de que eso crea un efecto negativo y el mercado "se contrae". "Es muy simple llevar a cabo demagogia", pero proponer medidas que sean funcionales "necesita un esfuerzo", respondió a las críticas del diputado del PP.

Y es que, en contraste a Gómez de Diego, Fernández ha opinado que los datos de demandas sí que reflejan un "inconveniente grave", ya que suponen mucho más de 280 en o que va de legislatura, y está convencido de que va a haber "considerablemente más" sin denunciar.

En este sentido, ha alertado de que ciertos damnificados eligen por métodos "ajeno de la legalidad" --como realizar presión vecinal o contratar a compañías que se ocupan de los desalojos de okupas-- y es "muy peligroso".

Además, el 'habitual' ha señalado que, si hasta julio había 49 demandas, el 2022 acabará con cerca de cientos, lo que revela que "el inconveniente no se solventa" sabiendo que en 2021 fueron 101.

Y tras indicar que el PRC, colega del PSOE en el Gobierno cantabrio, va a llevar al próximo Pleno del Parlamento una idea contra la okupación, el diputado le dijo a la consejera que "todos pensamos que hay un inconveniente menos usted", que es quien está al cargo del área de Vivienda y quien debería ofrecer "toda clase de resoluciones".

A pesar de esto, ha reconocido que sería precisa una modernización de la ley y un cambio en el Código Penal que no es dependiente del Gobierno de Cantabria, con lo que ha concluido que la solución "pasa por mudar la visión del Gobierno de España" y "por mudar al Gobierno de España", puesto que piensa que si éste no actúa es consecuencia de haber hecho acuerdos para gobernar con "otras formaciones mucho más radicales".