El Gobierno de Cantabria, liderado por el consejero de Economía, Hacienda y Fondos Europeos Luis Ángel Agüeros, ha expresado su rechazo a la propuesta de financiación singular para Cataluña que se está negociando a nivel regional, al margen del conjunto del país.
Agüeros ha manifestado su preocupación por esta negociación, la cual considera que quebraría la solidaridad del sistema y violaría el principio de igualdad y solidaridad de la Constitución Española.
En este sentido, Cantabria ha reiterado su propuesta para avanzar en la reforma del sistema autonómico, teniendo en cuenta la multilateralidad, el coste efectivo de los servicios, el mantenimiento del actual estatus quo y el principio constitucional de igualdad territorial.
El consejero ha defendido que la financiación recibida por Cantabria está plenamente justificada debido a los mayores costes que asume la región para prestar servicios públicos, como consecuencia de su tamaño, dispersión, envejecimiento poblacional y orografía.
Además, la Consejería ha denunciado la falta de agilidad en las entregas a cuenta por parte del Gobierno de España, recordando que Cantabria tiene pendiente el cobro de 130 millones de euros desde el año anterior.
Agüeros ha criticado la falta de empatía y consideración del Gobierno de Pedro Sánchez al no actualizar las entregas a cuenta de 2024, lo que dificulta la gestión de los fondos y retrasa el financiamiento de las necesidades de los cántabros.
Asimismo, se ha señalado la incertidumbre provocada por la espera de la convalidación del decreto ley para que estas entregas lleguen a Cantabria a partir de septiembre.
Durante la reunión del CPFF, se presentaron las variaciones de ingresos y perspectivas económicas para la elaboración de los presupuestos regionales de 2025, permitiendo a las autonomías incurrir en un déficit máximo del 0,1% del PIB y un 3,2% de gasto frente al 2,7% previamente manejado.
Agüeros ha destacado la mejora en las cuentas de Cantabria y la reducción de la deuda pública en los últimos meses, aunque ha expresado cautela ante la necesidad de analizar cómo afectarán estas nuevas medidas y qué gastos se deben contemplar en la regla de gasto.
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