El Gobierno de Cantabria ha presentado una serie de alegaciones al Plan Estatal de Vivienda, solicitando al Ministerio una ampliación significativa de los fondos dedicados a la rehabilitación urbana y una apertura hacia opciones de compra para las viviendas en alquiler. Este enfoque busca destacar la importancia de no limitar las ayudas a viviendas protegidas de manera indefinida.

En una conferencia de prensa celebrada en Ampuero, el consejero de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, Roberto Media, puso de relieve las demandas incluidas en los documentos presentados el 7 de octubre. Cantabria aboga por que los gobiernos autonómicos y locales tengan la capacidad de utilizar sus excedentes financieros para conocer más inversión en vivienda protegida.

Media ha manifestado que también es crucial establecer un marco de seguridad jurídica para los propietarios frente a la inquilinato ilegal, así como ofrecer incentivos fiscales a quienes decidan alquilar sus propiedades. Además, el consejero insistió en que no todas las viviendas financiadas por el Plan deben ser catalogadas como protegidas a perpetuidad; se propone explorar otras modalidades que podrían beneficiar a más ciudadanos.

El consejero subrayó que actualmente están en curso negociaciones con la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, respecto a los aspectos de la Ley de Vivienda que no han satisfecho a la comunidad. A su vez, Cantabria está dando forma a su propia legislación en esta área a través del Parlamento.

Las conversaciones iniciales con el ministerio han sido productivas, según Media, quien ha expresado que están dispuestos a continuar colaborando en la firma de convenios que permitan la llegada de más recursos a la región. Se busca, de esta forma, aumentar de forma significativa el número de viviendas públicas, un paso que el consejero considera esencial para hacer frente a la subida de precios en el mercado inmobiliario.

El Gobierno regional se opone a la idea de que el Ejecutivo central restrinja las ayudas al alquiler, dado que las alternativas de compra representan un interés real y un viejo anhelo entre los habitantes de Cantabria.

Además, Media señala que la intención del Ministerio de limitar las ayudas a viviendas catalogadas como protegidas de forma permanente podría desincentivar la promoción de iniciativas privadas en el sector inmobiliario. A su juicio, es importante fomentar tanto las viviendas protegidas de por vida como aquellas que sean parte de otros regímenes actuales.

Asimismo, se ha solicitado al gobierno central un incremento en los fondos destinados a la rehabilitación de edificios, cosa que es esencial para preservar la arquitectura histórica de las poblaciones cántabras.

En las alegaciones también se plantea la necesidad de que las administraciones puedan gestionar sus remanentes para destinar esos recursos a la creación de viviendas de protección oficial, en lugar de que se usen para saldar deudas.

Por otro lado, Cantabria exige garantías para los propietarios que alquilan sus viviendas, asegurando que puedan recuperarlas en caso de impagos o 'okupación', un aspecto que la ministra no parece estar dispuesta a considerar, pero que, según Media, es crucial para incentivar la incorporación de más viviendas al mercado de alquiler.

El consejero también ha hecho hincapié en la importancia de proporcionar apoyo fiscal a los propietarios, una política que ya está en marcha en Cantabria.

Finalmente, la ley que se tramita en el Parlamento cántabro también incluye medidas como avales públicos del Instituto de Finanzas de Cantabria (ICAF) para ayudar a jóvenes menores de 45 años que no puedan acceder a una hipoteca, con el objetivo de facilitarles la adquisición de su primera vivienda, un aspecto que el Gobierno espera tener operativo pronto.