SANTANDER, 12 de diciembre. En una muestra de unidad y determinación, alrededor de 160 educadores de 24 instituciones escolares en Cantabria han llevado a cabo un encierro esta noche, apoyando la demanda por una retribución más adecuada, una movilización convocada por la Junta de Personal Docente.

Este acto se inscribe dentro de una serie de acciones coordinadas por la Junta, que reafirma su compromiso de exigir al consejero de Educación, Sergio Silva, que retome de manera urgente las negociaciones salariales que afectan al colectivo docente. La insistencia en estas demandas pone de manifiesto la tensión existente entre los educadores y la administración regional.

Por tercer fin de semana consecutivo, los sindicatos han hecho un llamado a la movilización, expresando su agradecimiento y reconocimiento a las más de 140 personas que han participado activamente en los encierros en todas las localidades de Cantabria, claves para visibilizar la situación que atraviesa el sector educativo.

En esta jornada más, la participación de los docentes ha sido notable, con muchos de ellos permaneciendo en las instituciones educativas para reivindicar no solo sus derechos, sino también una solución rápida a un conflicto que ya se extiende en el tiempo. La Junta de Personal ha declarado que "esta acción es un claro reflejo de la firmeza del profesorado por obtener una retribución justa y por ser escuchado ante la falta de acción del Gobierno".

Una vez más, los sindicatos han criticado la actitud "intransigente" del consejero de Educación y de la presidenta del Gobierno de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, quienes, según los manifestantes, "se niegan a entablar un diálogo con esta Junta de Personal". Esta resistencia plantea serios interrogantes sobre la voluntad del Gobierno para abordar la problemática de forma constructiva.

Desde la Junta, se sostiene que, a pesar de las numerosas solicitudes de diálogo, Silva ha mostrado una postura de "absoluta indiferencia" y ha evitado cualquier contacto que podría llevar a resolver un conflicto laboral que se ha prolongado por más de un año. Además, se ha señalado que su repetida afirmación de ser un defensor del diálogo es, en realidad, una mera fachada.

En la misma línea, la presidenta de Cantabria ha sido acusada de ignorar las demandas de negociación, alineándose con la postura estática del consejero. Esta inacción se convierte en un punto neurálgico para la crítica de los sindicatos, quienes exigen una revisión a fondo de la situación.

El alineamiento de la Junta de Personal con el mandato unánime del Parlamento de Cantabria, así como el apoyo de todos los sindicatos integrantes de esta, contrasta notablemente con la actitud de inflexibilidad del Gobierno. Además, la participación activa de miles de docentes en manifestaciones y encierros demanda urgentemente una solución a sus peticiones de "retribución justa y adecuada".

La situación, que se ve complicándose aún más, ha tomado un nuevo giro con el último anuncio del PRC, que ha condicionado su respaldo a los presupuestos de Cantabria para el año 2026 al pago de las cantidades solicitadas por la Junta de Personal durante 2025, así como a la reanudación de las negociaciones sobre la adecuación salarial.

Los educadores han instado a que el consejero de Educación reconozca que su enfoque ha llevado a un aislamiento absoluto y que la única vía viable es sentarse a la mesa de negociaciones sin más dilaciones, buscando un acuerdo que ponga fin a esta prolongada disputa.

Finalmente, la Junta de Personal Docente ha dejado claro que las movilizaciones seguirán en curso mientras el consejero Silva no acceda a llevar a cabo una negociación seria y efectiva que contemple una adecuación retributiva lineal, general y no sujeta a condiciones, algo que consideran fundamental para restaurar la confianza en el sistema educativo de Cantabria.