La escalofriante realidad de la criminalidad en nuestras comunidades no puede pasarse por alto. Recentemente se ha reportado un alarmante incremento del 2,7% en los índices de criminalidad, siendo las agresiones sexuales con penetración un aspecto particularmente preocupante, con un aumento del 32%. Esta tendencia se manifiesta en un contexto donde la seguridad pública se está volviendo una prioridad innegable para los ciudadanos.

Los casos de homicidios dolosos y asesinatos consumados han alcanzado la cifra de tres, mientras que un secuestro ha sido también documentado. Estos hechos resuenan en las preocupaciones sobre la seguridad en nuestras calles, y subrayan la urgencia de un enfoque más contundente frente a la delincuencia.

De acuerdo con el Balance de Criminalidad del Ministerio del Interior, en Cantabria, la cifra de ciberdelitos ha escalado un 10,2% en comparación con el año anterior, alcanzando un total de 4.740 infracciones penales. Esto posiciona a Cantabria como la quinta comunidad autónoma con mayor incremento a nivel nacional, un candidato indeseado en un ranking que nadie quiere liderar.

En términos generales, la criminalidad en Cantabria ha aumentado un 2,7% desde enero hasta septiembre, con un total de 18.767 delitos, superando así la media nacional de incremento del 1,2%. Esta alza debe ser considerada con seriedad, ya que refleja un patrón inquietante que podría seguir incrementándose si no se toman medidas adecuadas.

Desglosando los datos, se han registrado 4.192 estafas informáticas, lo que representa un incremento del 6,4% respecto al año anterior. Es importante notar que otras categorías de ciberdelitos también han sufrido un aumento, alcanzando un 50,5% en total, con 548 infracciones penales en esta categoría. Es evidente que la tecnología, aunque es una herramienta beneficiosa, también puede ser un arma contra la seguridad pública.

En el área de la criminalidad convencional, se notó un ligero aumento del 0,4% con 14.027 delitos, impulsado en gran parte por el alarmante incremento en homicidios dolosos y asesinatos consumados, que han alcanzado un 100% de aumento con respecto a años anteriores. También se reporta un secuestro, lo que enfatiza los retos que enfrenta la comunidad para garantizar la seguridad de sus ciudadanos.

Preocupantemente, también se han incrementado las sustracciones de vehículos en un 44,4%, así como las agresiones sexuales con penetración, las cuales han llegado a 33 casos, reflejando un aumento del 32%. Los homicidios dolosos en grado de tentativa han crecido un 10%, y los delitos contra la libertad sexual un 6%, lo que resalta un ambiente de inseguridad creciente en el país.

Sin embargo, ha habido descensos en algunos delitos, como el tráfico de drogas, que ha disminuido un 33%, y los robos con fuerza en domicilios, que han bajado un 14,5%. Estas cifras indican que aunque algunos aspectos de la criminalidad están en alza, otros han mostrado signos de mejoría, lo que ofrece una narrativa más matizada del estado de la seguridad pública.

En el conjunto del país, la criminalidad también ha mostrado un incremento general del 1,2% y, a pesar de las cifras de homicidios dolosos que han tenido una leve caída del 0,7%, los delitos de agresiones sexuales con penetración han seguido en aumento, alcanzando un incremento del 6,6%. Esta tendencia sugiere que el problema es persistente y debe ser abordado con seriedad por parte de las autoridades competentes.

El Ministerio del Interior ha indicado que el aumento en las denuncias por agresiones sexuales podría atribuirse a una mayor concienciación y a esfuerzos para reducir la tolerancia social hacia estos delitos, lo cual es una señal positiva, pero no debe llevar a la complacencia. La protección de la comunidad debe seguir siendo una prioridad fundamental.

A pesar de que los delitos de tráfico de drogas han incrementado un 3,2%, se observan descensos significativos en delitos contra el patrimonio, lo que puede ser un indicativo de un enfoque más efectivo en la prevención del crimen. Sin embargo, es crucial que los legisladores y los responsables de políticas públicas mantengan la guardia alta en la lucha contra la inseguridad, ya que esto afecta directamente no solo a la tranquilidad de los ciudadanos, sino también a la cohesión social.

En lo que concierne a la cibercriminalidad, se registraron 347.407 infracciones penales, lo que representa un incremento del 2,5%. Comunidades como Baleares y Melilla han experimentado un alarmante aumento en estos delitos, un recordatorio de que la delincuencia no solo se presenta en las calles, sino también en el ámbito digital.

Al final de este periodo, las cifras totales de infracciones penales ascienden a 1.854.283, con una abrumadora mayoría perteneciente a la criminalidad convencional. Este escenario plantea una urgente necesidad de revisión y refuerzo de las políticas de seguridad, puesto que la tranquilidad de nuestras comunidades está en juego.