El pasado 18 de noviembre, la Policía Nacional llevó a cabo una intervención que resultó en la clausura de una clínica de belleza ilegal que operaba de manera itinerante, situada en un alojamiento turístico en el corazón de Santander. En la operación, se detuvo a una pareja que se encontraba al frente de esta actividad, acusados de violar leyes relacionadas con la salud pública y el ejercicio profesional no autorizado.

Los investigadores se enteraron de la existencia de este servicio estético a través de diversas redes sociales, donde una mujer promocionaba tratamientos que tenían lugar en Santander durante un corto periodo, específicamente entre el 5 y el 7 de noviembre. Entre los procedimientos ofrecidos destacaban la inyección de bótox y el uso de ácido hialurónico.

El perfil de la mujer, que contaba con más de 10.000 seguidores, exhibía imágenes y vídeos de los tratamientos, así como documentos que aparentaban certificar su formación en este tipo de procedimientos. Esta estrategia parecía tener como objetivo generar confianza entre potenciales clientes, a pesar de que la investigada carecía de la formación necesaria para llevarlos a cabo.

La investigación policial reveló que los tratamientos se llevaban a cabo en una vivienda turística que, a pesar de estar acondicionada para parecer un centro estético, no cumplía con las normativas de higiene y salud requeridas para la práctica médica. Esto representaba un grave riesgo para quienes se sometían a estos procedimientos, no solo por las condiciones inadecuadas de las instalaciones, sino también por la falta de garantías en el manejo de los productos sanitarios.

El modus operandi de esta pareja consistía en publicitar su actividad en redes sociales, informando a los interesados sobre los tratamientos y las fechas en las que estarían disponibles en diferentes ciudades de España. La comunicación con los clientes se limitaba a mensajes directos que finalizaban con la entrega de la dirección justo antes de cada cita, y solo aceptaban pagos en efectivo.

El hombre detenido cumplía un papel clave en esta operación, ya que esperaba en la calle para recibir a los clientes y asegurarse de que ningún extraño estuviera cerca, facilitando su acceso al lugar. Todo esto fue observado de manera clandestina por las fuerzas de seguridad, quienes lograron reunir suficiente información para proceder con la intervención el 5 de noviembre.

Durante el registro del inmueble, los agentes incautaron material y productos de origen sanitario, además de dos teléfonos móviles y 8.345 euros en efectivo. También se identificaron a varios testigos, incluyendo a una menor que había falsificado una nota que le permitía recibir el tratamiento, aunque la responsable no verificó adecuadamente la autenticidad del documento ni la identidad de la menor.

Una vez culminadas las diligencias en la Jefatura Superior de Policía de Cantabria, ambos detenidos fueron puestos a disposición judicial, aunque posteriormente se les otorgó la libertad con una restricción de salida del país. Esta operación ha permitido el desmantelamiento de un servicio estético clandestino que podría haber causado serios daños a la salud de sus clientes, asegurando que no prosiguieran con sus actividades peligrosas en otras localidades.

Las prácticas de la pareja reflejan un desprecio total por las normativas existentes, poniendo en riesgo la salud de la población al realizar tratamientos no solo sin la debida formación, sino también en un entorno completamente inadecuado. La intervención policial ha sido clave para proteger a los ciudadanos de estos peligros inminentes.