Condenan a cinco años y medio de prisión por agredir sexualmente a una mujer con discapacidad que transportaba a un centro.
La Audiencia Provincial de Cantabria ha dictado una dura sentencia contra un conductor de autobús que, en un lamentable abuso de confianza, agredió sexualmente a una mujer con discapacidad intelectual a lo largo de un extenso periodo de tiempo. El tribunal ha condenado al individuo a cinco años y medio de prisión por sus irracionales y deleznables actos.
En un proceso judicial que tuvo lugar recientemente, el acusado aceptó la culpabilidad de sus acciones, mostrando una falta de juicio y responsabilidad sobre su comportamiento. Reconoció su conducta delictiva y, durante la audiencia, manifestó su arrepentimiento por los crímenes cometidos en relación a una persona vulnerable.
Por otro lado, es importante señalar que el tribunal consideró la atenuante de la reparación del daño causado, dado que el condenado ha aportado una indemnización de 15.000 euros a la víctima. Este gesto, aunque no elimina la gravedad de sus acciones, permitió que la Fiscalía solicitara una pena menor a la originalmente prevista, que ascendía a 13 años de prisión.
Adicionalmente, el veredicto incluye múltiples medidas de protección a la víctima. El condenado no solo enfrentará tiempo tras las rejas, sino que también ha sido inhabilitado para trabajar con menores durante un periodo de diez años y medio. Además, se le prohíbe cualquier forma de contacto con la víctima durante una década, así como un seguimiento de libertad vigilada de ocho años posterior a su liberación.
De acuerdo con los hechos probados presentados por la Fiscalía, el comportamiento del acusado comenzó apenas un par de meses después de iniciar su labor de conducción en verano de 2022. Este se dirigía a la mujer con comentarios inapropiados y, haciendo caso omiso de su voluntad, empezó a manipularla físicamente, llevando a cabo actos de abuso sexual que resultaron en una grave violación de su libertad personal.
La situación culminó en mayo de 2023 cuando la víctima, quien ya padece un 75 por ciento de discapacidad permanente, decidió presentar una denuncia. El impacto psicológico de este abuso ha sido devastador, generando síntomas que podrían corresponder a un trastorno de estrés postraumático y afectando su calidad de vida en múltiples dimensiones.
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