Crónica Cantabria.

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Confirmada la inhabilitación de Puerto Gallego y exediles del PSOE de Santoña.

Confirmada la inhabilitación de Puerto Gallego y exediles del PSOE de Santoña.

La Audiencia Provincial de Cantabria ha confirmado la condena impuesta a la exalcaldesa de Santoña Puerto Gallego (PSOE) y a ocho concejales de su equipo de gobierno por cometer prevaricación administrativa durante su mandato en el Ayuntamiento, fraccionando contratos entre 2003 y 2009, según la Sección Primera.

En la sentencia, emitida a mediados de junio y obtenida por Europa Press, la Sala reitera que los acusados llevaron a cabo un comportamiento ilegal y arbitrario para eludir los controles de legalidad en el periodo mencionado. A pesar de los reparos del interventor municipal, se aprobaron sucesivamente facturas de servicios y suministros de cuatro empresas a lo largo del tiempo en las Juntas de Gobierno.

La decisión de la Audiencia se basa en nueva documentación y testimonios, incluido el del exalcalde Sergio Abascal, que se agregaron al expediente. Gallego fue condenada a cinco años de inhabilitación especial, mientras que sus ediles socialistas recibieron cuatro años de inhabilitación para puestos en la administración local.

La jueza consideró la dilación indebida en el proceso, que se remonta a irregularidades que datan de casi dos décadas atrás. La denuncia inicial fue presentada por un exconcejal de Falange y posteriormente respaldada por el PP y el fiscal, argumentando una clara prevaricación.

Las defensas de los acusados pedían la absolución, afirmando que no existían pruebas contundentes de su culpabilidad. Sin embargo, la Sala determinó que la Junta de Gobierno tenía competencias decisivas en la contratación de servicios y suministros, siendo responsables tanto el alcalde como los concejales.

La sentencia subraya que fraccionar contratos para evitar los requisitos legales constituye un delito de prevaricación, independientemente de si era una práctica habitual en el municipio. La regularización posterior de los contratos no exime de responsabilidad a Gallego y su equipo de gobierno, concluyendo que su comportamiento fue ilegal y punible.