El día de hoy, la Presidencia de Cantabria ha emitido una nueva orden que revisa y unifica los criterios relacionados con el riesgo de despoblación en la región, eliminando la normativa anterior que se encontraba bajo la responsabilidad del Departamento de Economía.

Recientemente publicada en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC), esta nueva regulación ha ampliado la lista de municipios que enfrentan el riesgo de despoblación, incrementando su número de 39 a 41. Esta modificación ha resultado en la inclusión de cuatro municipios: Selaya, Escalante, Villafufre y Villacarriedo, mientras que dos localidades, Ruente y Cillórigo de Liébana, han sido removidas de dicha lista.

De los 41 municipios que ahora forman parte de este grupo, 13 son clasificados como de riesgo grave. No obstante, hay dos localidades, Tresviso y Valle de Villaverde, que recibirán un tratamiento especial debido a su situación de ruralidad, el envejecimiento poblacional y su ubicación geográfica particular.

La consejera responsable de esta área, Isabel Urrutia, hizo un pronunciamiento en rueda de prensa para comunicar los detalles de esta nueva orden. Subrayó que esta normativa fue solicitada por los propios ayuntamientos y que su contenido fue "consensuado y aprobado" por unanimidad durante un Consejo Asesor, aunque desde su aprobación han llegado alegaciones de siete municipios que argumentan no cumplir con los nuevos criterios establecidos.

Urrutia explicó que los criterios adoptados son "objetivos y equilibrados" y están alineados con las directrices de la Unión Europea. Estos criterios requieren que los municipios tengan una densidad de población inferior a 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado y que cumplan con al menos tres de los siguientes cuatro parámetros: haber experimentado una disminución de la población en la última década, presentar una renta per cápita inferior a la mediana de la comunidad autónoma, poseer una tasa de envejecimiento superior al 30 por ciento y ser un municipio con menos de 2.000 habitantes.

Asimismo, la consejera valoró que esta nueva orden, que reemplaza la de 2020 establecida por el anterior gobierno (PRC-PSOE), será revisada cada dos años. Con esta decisión, se confirma que será únicamente la Consejería de Presidencia la encargada de gestionar las competencias relacionadas con la despoblación, poniendo fin a los "problemas, confusiones e inseguridad jurídica" causados por la existencia de dos regulaciones distintas en este ámbito.