SANTANDER, 20 de octubre. En un contexto de creciente descontento, la Junta Docente ha reportado que un 40,2% de los profesores ha apoyado la huelga organizada por los sindicatos STEC, ANPE y UGT, que tuvo lugar este lunes en los centros de Secundaria y Formación Profesional (FP). Esta huelga busca presionar para la firma de un acuerdo sobre la adecuación salarial y otras demandas relacionadas con la educación, tales como la reducción de ratios y la disminución de la burocracia.

Según la Junta, el considerable apoyo a esta movilización refleja el nivel de insatisfacción que se vive en los colegios y destaca la falta de disposición de la Consejería hacia la negociación de estas reivindicaciones. Los educadores están mostrando su descontento ante lo que perciben como una falta de diálogo por parte de la administración.

Los sindicatos convocantes, que representan a 30 de los 37 delegados de la Junta Docente, han programado una huelga escalonada que se extenderá del 20 al 24 de octubre. Este lunes, la protesta se lleva a cabo en institutos y centros de FP; el martes se dirigirá a escuelas de artes, conservatorios, centros de formación del profesorado y enseñanza para adultos; el miércoles será el turno de las escuelas de idiomas; el jueves, todos los centros se unirán; y el viernes se concentrará en las escuelas primarias.

Por otro lado, CCOO, con cuatro delegados en la Junta, ha lanzado una convocatoria paralela que abarca cinco días de huelga para todos los docentes.

En su crítica, la Junta Docente ha mencionado que el consejero Sergio Silva del PP ha demorado 40 días en convocar a los sindicatos para discutir la adecuación salarial, y la reunión realizada el pasado 16 de octubre no logró llegar a un acuerdo satisfactorio. Este encuentro fue calificado como "estéril" por la Junta.

Durante la reunión, la Junta ofreció desconvocar las huelgas si se eliminaba la llamada "cláusula Silva", que vincula la implementación del acuerdo salarial a la disponibilidad de presupuestos, proponiendo en su lugar un enfoque similar al acordado en el sector sanitario. Sin embargo, esta sugerencia no fue aceptada, lo que llevó a la Junta a considerar que la responsabilidad de la prolongación del conflicto recae directamente en el consejero.

Desde la Junta expresan que la mencionada 'cláusula Silva' es percibida como una "restricción arbitraria y discriminatoria" contra los derechos de los profesores, y consideran que no es aceptable para ellos.

El comité de sindicatos ha insistido en que el Gobierno regional es el único responsable de que el conflicto persista, ya que la Consejería se niega a abordar las justas demandas del profesorado de la educación pública en Cantabria.

Además, la Junta ha lamentado que, pese a su solicitud de una reunión con la presidenta del Gobierno, María José Sáenz de Buruaga, no han recibido respuesta. Este silencio institucional se interpreta como un desprecio hacia la Junta de Personal y hacia todos los docentes de la región.

A pesar de las huelgas previas al inicio del curso escolar y de la participación significativa de hoy, la Consejería no ha presentado ninguna propuesta concreta ni ha mostrado interés en entablar un diálogo real, según lo denunciado por la Junta.

En vista de esta situación, el cuerpo docente ha hecho un llamado a todos los profesores de la educación pública en Cantabria a permanecer unidos y a participar activamente en las continuas jornadas de huelga programadas esta semana. También se invita a unirse a la manifestación que está prevista para el jueves 23 en el centro de Santander, con el objetivo de expresar el "hartazgo" de los educadores.

La manifestación comenzará a las 18:00 desde la Plaza de Numancia hasta el centro cívico Doctor Madrazo, deteniéndose anteriormente ante la sede del Gobierno de Cantabria en Peña Herbosa.

La Junta ha subrayado su deseo de dialogar y alcanzar un acuerdo, pero deja claro que no darán marcha atrás en su defensa de derechos y de la dignidad profesional ni en la lucha por el futuro de la educación pública en Cantabria. Además, han aseverado que es responsabilidad del Gobierno resolver este conflicto, ya que solo se necesita la voluntad política adecuada y respeto por parte de la administración hacia el profesorado.