El reciente fallo judicial en Cantabria ha marcado un hito importante en la historia de la justicia española. Por primera vez, se ha aplicado la figura de la prisión permanente revisable en la región, en un caso desgarrador que involucra el asesinato de una madre y su bebé.

La jueza que presidió el tribunal del jurado ha condenado al acusado a 25 años de cárcel por el asesinato de su expareja, mientras que por el asesinato de su hija de apenas once meses, le ha impuesto la pena máxima de prisión permanente revisable. Esta decisión fue dada a conocer el 24 de marzo por el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC), después de que el jurado emitiera su veredicto de culpabilidad el pasado 20 de febrero.

En su sentencia, la magistrada señala que el acusado ha cometido dos delitos de asesinato, calificándolos de particularmente graves al concurrir en ellos circunstancias agravantes como la relación de parentesco y la violación de derechos por razón de género. Las penas impuestas reflejan la gravedad de los delitos, así como la situación de vulnerabilidad que enfrentaban las víctimas.

Además de las penas de prisión, la jueza ha dictado medidas adicionales que incluyen la libertad vigilada durante un periodo de diez años y la privación de la patria potestad sobre sus otras hijas mientras dure la condena. También se ha establecido una indemnización de 245.000 euros para los familiares de las víctimas, reflejando el dolor irreparable causado por estos crímenes.

Los hechos ocurridos en diciembre de 2021 desenmascaran una dinámica de violencia y control. Pocos días después de que se le impusiera una orden de alejamiento, el condenado regresó a la vivienda familiar, donde permaneció durante semanas con el consentimiento de su pareja. A pesar de la intervención de la Guardia Civil en una ocasión previa, su actitud agresiva y dominante llevó a una trágica confrontación.

La brutalidad del ataque fue escalofriante. En un momento de violencia extrema, el acusado emboscó a su pareja y a la pequeña, asestándole múltiples golpes y usando un arma blanca para acabar con sus vidas. Un testimonio del jurado destaca que los asesinatos fueron motivados por una clara intención de dominación machista, una realidad dolorosa que resuena en muchos casos similares.

El tribunal se basó en pruebas indirectas y testimonios para llegar a este veredicto, ya que, aunque no hubo testigos directos del acto criminal, diversos indicios apuntaban al acusado. Las evidencias recopiladas en su teléfono y las interacciones registradas antes y después del crimen contribuyeron a construir un caso sólido en su contra.

Los audios presentados durante el juicio también corroboraron la naturaleza agresiva del acusado y su desprecio hacia las víctimas. Esta información resultó determinante para que el jurado llegara a la conclusión unánime de que el acusado era el único culpable de la tragedia, evidenciando la falta de alternativas creíbles que pudieran explicar las circunstancias del crimen.

Este caso destaca la necesidad de fortalecer las medidas de protección contra la violencia de género y de garantizar que cárceles más severas se impongan en casos de tal gravedad. La aplicación de la prisión permanente revisable en Cantabria puede ser vista como un paso positivo hacia un sistema de justicia que prioriza la protección de los más vulnerables y la condena de actos de violencia que son inaceptables en nuestra sociedad.