• miércoles 28 de septiembre del 2022

Deniegan la suspensión cautelar de las resoluciones que abrieron la puerta a apresar lobos

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La Sala de lo Contencioso-Administrativo convoca a ASCEL y al Gobierno regional el martes 20 a fin de que aleguen sobre su resolución

SANTANDER, 16 Sep.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria ha rechazado la medida cautelar urgente pedida por la Asociación para la Conservación del Lobo Ibérico (ASCEL) consistente en suspender las resoluciones del Gobierno regional del ya transcurrido mes de junio que abrieron la puerta a la caza del lobo en la red social autónoma -la clase dejó de ser cinegética en España en otoño del año pasado, con su inclusión en el LESPRE-.

El TSJC ha rechazado esta medida urgente -sin oír a la otra sección- pero ha convocado a ASCEL y al Ejecutivo el martes próximo, 20 de septiembre, a fin de que aleguen sobre esta resolución. Entonces, el tribunal se pronunciará sobre si acuerda o rechaza la suspensión pedida por la asociación conservacionista.

A mediados del ya transcurrido mes de junio se dictaron y han publicado tres resoluciones del directivo general de Biodiversidad que autorizaban controles del cánido en diferentes ayuntamientos de Cantabria. En preciso, se daba luz verde a la caza dominada de diez ejemplares en tres zonas, gracias a la "relevancia y recurrencia" de los asaltos al ganado y los daños ocasionados.

ASCEL recurrió exactamente las mismas frente a la Sala de lo Contencioso-Administrativo, mientras que pedía la adopción de una medida cautelar consistente en dejarlas sin efecto. La Sala está gestionando ese recurso y resolverá si las resoluciones del Gobierno cantabrio del pasado junio se ajustan o no a derecho.

En cuanto a medida cautelar pedida entonces, el tribunal acordó no adoptar la suspensión pedida, puesto que las probables batidas se supeditaban, entre otros muchos requisitos, a que se dictaran resoluciones concretas autorizando exactamente las mismas; resoluciones que podían ser objeto de un nuevo recurso contencioso-administrativo y de una exclusiva solicitud de medida cautelar.

Esas autorizaciones fueron dictadas por la administración el pasado 9 de septiembre, y han animado que ASCEL alegue que hay novedosas situaciones a fin de que en este momento tenga rincón la suspensión de las resoluciones de junio que dan soporte a las autorizaciones.

Y por otra parte, la asociación ha denunciado al asesor de Desarrollo Rural, Guillermo Blanco, y al directivo de Biodiversidad, Antonio Lucio, por estas órdenes.

En un coche dictado este viernes, el tribunal enseña que valora "la particular urgencia" que justificaría una medida cautelar, ya que las resoluciones del 9 de septiembre, que derivan de las de junio, "habilitan, sin precisar siguientes actos ejecutivos, la caza de un lobo cualquier ocasión en un periodo de tiempo que llega hasta el 30 de septiembre".

"Precisamente, la ejecución instantánea de esa resolución (las del 9 de septiembre) representa un peligro cierto de dejar sin eficiencia real una eventual estimación del recurso contencioso-administrativo", apunta el coche, en referencia al trámite abierto en el mes de julio pasado y en el que el tribunal se pronunció denegando la medida cautelar, pero sin ingresar en la legalidad o no de la resolución del Gobierno.

Sin embargo, la Sala enseña que "tomar la medida cautelar pedida por la actora (ASCEL) supone dejar provisionalmente sin eficiencia alguna la resolución del 9 de septiembre, lo que es semejante a suspender cautelarmente la ejecutividad de exactamente la misma".

"Pero resulta que esa resolución no es objeto de este recurso contencioso-administrativo, y no es dado suspender la ejecutividad de actos que no fueron impugnados", añade.

Y es que esas resoluciones, las del 9 de septiembre, aún no fueron recurridas judicialmente, puesto que antes debe agotarse la vía administrativa.

Según enseña la resolución, ASCEL manifiesta en su novedosa petición para suspender las resoluciones de junio que las situaciones cambiaron con las autorizaciones expresas para la caza de los lobos, y que aún no puede interponer un recurso judicial contra estas.

Ese "impedimento de hoy" de interponer un recurso contencioso- administrativo contra la resolución de 9 de septiembre mientras no se agote la vía administrativa "no deja modificar el régimen de tutela cautelar, no deja suspender, aun de forma indirecta, la ejecutividad de una resolución, la de 9 de septiembre, que no es, ni puede ser en la actualidad, objeto del trámite primordial", insiste la Sala.

No obstante, el tribunal ten en cuenta que esa resolución, la del 9 de septiembre, asimismo va a poder ser objeto de un recurso judicial, y sucede que la administración no puede realizar el acto administrativo "hasta el momento en que no resuelva" el recurso de alzada, y "si esa resolución es desestimatoria, podría el entusiasmado reaccionar contra exactamente la misma por los cauces procedentes".

"Es simple ver que, si la administración ejecuta sus actos antes de solucionar sobre la suspensión de su ejecutividad, pedida en el contexto de un recurso administrativo, ya que la vía judicial no queda expedita hasta la resolución de éste", "la tutela judicial cautelar que está en su derecho a conseguir el entusiasmado se vería con seriedad lastrada", añade.

"Ahora nos encontramos en el desarrollo contencioso-administrativo, y no semeja coincidente con el derecho a la tutela judicial eficaz realizar el acto administrativo, cuya suspensión ha pedido frente al tribunal la parte actora, mientras que éste no alcance una resolución determinante sobre tal petición", recuerda la Sala para finalizar.

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