• lunes 26 de septiembre del 2022

Desechada la medida cautelar que solicitó el PP de Santander sobre la creación de comisiones de investigación

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SANTANDER, 21 Jun.

El Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) ha desechado la medida cautelar pedida por el Grupo Popular en el Ayuntamiento de Santander contra la modificación del Reglamento de Pleno que deja la creación de comisiones de investigación como la de basuras.

La Sala, que no entra en el fondo del tema, cree que es imposible pactar la suspensión cautelar "establecida en un perjuicio que no se acredita", ya que "cualquier idea de app del acuerdo impugnado puede ser objeto de recurso contencioso administrativo con la consiguiente adopción de medida cautelar si fuere la situacion".

La sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, fechada el 30 de mayo y contra la que cabe recurso de reposición en el período de cinco días, impone las costas al Ayuntamiento.

Los once concejales populares de Santander, incluyendo la regidora, Gema Igual, interpusieron recurso contencioso-administrativo contra el acuerdo del Pleno festejado el 23 de diciembre del año pasado por el que se alteraba el Reglamento del Pleno para aceptar la creación de comisiones de investigación, que fue apoyado por el resto de los conjuntos políticos de la Empresa: PSOE, PRC, Unidas por Santander, Vox y Ciudadanos, colega del PP en el aparato de Gobierno.

El PP interpuso recurso contencioso-administrativo contra la modificación del producto 60 del Reglamento Orgánico, explicando que el acuerdo se adoptó "a pesar del informe desfavorable del secretario municipal, al ver que podía ser nulo de pleno derecho".

Además, los populares pidieron la adopción de una medida cautelar suspendiendo, hasta el momento en que se dicte sentencia, la efectividad de este acuerdo.

En el primer acuerdo del Pleno de Santander recurrido desde nuestro partido en el gobierno, el PP basaba la petición de medida cautelar en la "manifiesta nulidad de pleno derecho del acuerdo impugnado" por la "infracción palmaria del trámite de aprobación que decanta su concesión anterior ponderación de los intereses en enfrentamiento".

Igualmente se remitía al informe del secretario del Pleno advirtiendo de la "ilegalidad" por el incumplimiento de las reglas de elaboración de las disposiciones de carácter general --como la modificación del producto 60 del Reglamento--, tal como a los "malos frutos irreparables" de aceptar la celebración de comisiones de investigación "cuya regulación es nula de pleno derecho ya que perjudica al
interés general", entre otros muchos.

Sin embargo, en el coche, la Sala recuerda su método de que la suspensión de la ejecutividad de los actos recurridos es "una medida provisional establecida para asegurar la eficiencia de la
sentencia que en su día logre recaer sobre el desarrollo primordial".

Respecto a la oportunidad de que la nulidad de pleno derecho
logre justificar la suspensión, el Tribunal cree que esa suspensión no es el trámite perfecto para elegir la cuestión objeto del litigio que debe de resolverse en el desarrollo primordial.

Además, el TSJC esgrime que la suspensión de la ejecución de una predisposición de carácter general "piensa un grave perjuicio del interés público" y solo en el caso de "grave daño individual" cabe su suspensión.

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