• domingo 25 de septiembre del 2022

Desestiman la medida cautelar para dejar en suspenso la autorización de controles del lobo en múltiples ayuntamientos

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El presidente de la Sala de lo Contencioso del TSJC emitió un voto especial y piensa que la autorización debería suspenderse

SANTANDER, 29 Jul.

El Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) ha desechado la medida cautelar pedida por la Asociación para la Conservación del Lobo Ibérico de dejar en suspenso las resoluciones dictadas el mes pasado por el Gobierno de Cantabria que autorizaban controles del lobo en diferentes ayuntamientos de Cantabria.

Dicha asociación había anunciado elementos contencioso-administrativos y medidas cautelares contra tres resoluciones dictadas el pasado 13 de junio por el directivo general de Biodiversidad del Gobierno regional, Antonio Lucio, que autorizaban la extracción de un total de diez lobos delegados en las ubicaciones en las que, según el Ejecutivo, había mucho más asaltos.

Concretamente, los controles poblacionales autorizados por el Ejecutivo regional eran en Polaciones, Tudanca, su ambiente y región limítrofe con la mancomunidad -2 lobos-; en la Hermandad de Campoo de Suso -4-; y en Ruente, Cabuérniga, Los Tojos y la mancomunidad de Campoo-Cabuérniga, otros 4 ejemplares mucho más.

En tres coches dados a saber este viernes, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJC Justicia de Cantabria ha desechado la solicitud de la asociación de dejar sin efecto estas resoluciones.

La Sala se ha con limite a solucionar el hecho cautelar pero no ha entrado a apreciar la legalidad de las citadas resoluciones, sobre la que se pronunciará mucho más adelante, informó en un aviso el TSJC.

La Sala decidió no suspender las resoluciones, en tanto que en ellas se
supeditan las probables batidas a que se generen nuevos daños, a que los agentes del Medio Natural los certifiquen y a que se dicten resoluciones concretas para esto, resoluciones que tienen la posibilidad de ser objeto de un nuevo recurso contencioso-administrativo y de una exclusiva solicitud de medida cautelar.

El tribunal comprende que, por consiguiente, que no concurre el requisito de riesgo en la mora, o sea, que no existe riesgo de que si no se suspenden de forma cautelar las citadas resoluciones el recurso contencioso-administrativo anunciado por la Asociación pierda su objeto, en tanto que de la resolución impugnada no se deriva la inminente extracción de los lobos.

No obstante, los tres coches tienen voto especial del presidente de la Sala, el magistrado Rafael Losada, para quien las resoluciones del directivo General de Biodiversidad sí tienen que quedar en suspenso.

Este magistrado cree que "se han omitido" los requisitos de la Orden Ministerial que incluye al lobo en el catálogo de especies silvestres de protección particular (LESPRE), como, por poner un ejemplo, la adopción de medidas precautorias o de protección del ganado, o la justificación de que la extracción no interfiere de manera negativa al estado de conservación de la clase.

A su juicio, la omisión de semejantes requisitos "viene a corroborar que la resolución de control mortal ahora fué tomada". "Se trasluce una resuelta resolución de sacrificar indiscriminadamente ejemplares de lobo ibérico, cuyo valor medioambiental es prevalente y su primacía fué conocida por el Tribunal Constitucional", ha apuntado el magistrado.

Sin embargo, para la mayor parte de la Sala, las resoluciones del 13 de junio "no habilitan por sí mismas la caza del lobo, sino a tal fin es requisito un acto administrativo posterior cuyo presupuesto ineludible es la producción de nuevos asaltos del lobo".

En este sentido, comprenden los jueces que las resoluciones impugnadas se muestran "como un marco general autorizante que fija el número de lobos que se van a poder derrumbar, el sitio, la manera y demás puntos de la actuación de control de la población del lobo", pero que "precisa para su concreción de un acto administrativo posterior con una causa específica: la producción de nuevos asaltos del lobo al ganado".

La Sala ha precisado que todas las resoluciones "se nombran
autorización, pero no poseen una habilitación directa de estas acciones" pues "exactamente la misma queda remitida a una resolución posterior a dictar de manera expresa en el momento en que y solo si se generan nuevos asaltos del lobo".

Finalmente, estos jueces han recordado que "las específicas resoluciones que logren dictarse" son "actos administrativos susceptibles de impugnación y, por lo tanto, de suspensión cautelar", lo que "garantiza el control judicial" y "la consecución del fin cautelar que la parte actora quiere: eludir las acciones de control poblacional del lobo mientras que se corrobora y establece la legalidad de fondo de semejantes acciones".

En su voto especial, el presidente de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo pone el acento en que las resoluciones limitan el control a un número preciso de lobos "pero sin distinción alguna del ejemplar, por su edad, sexo", y además de esto "logrando hacerse empleo para esas muertes de una secuencia de métodos y medios socorrieres que imposibilitan, en el caso de que se genere ese control, la precisa distinción exigible entre los integrantes de esa clase".

En su opinión, semejantes métodos y medios "previenen, llegado el instante de su app, distinguir unos ejemplares de otros, distinguir si es una hembra con perros chiquitos, un ejemplar joven o un ejemplar adulto, aun si es el jefe de la manada el ejemplar a derrumbar, lo que medioambientalmente es fundamental".

Para el magistrado "la sepa de distinción de los ejemplares a derrumbar que la resolución impugnada refleja, expone el perjuicio irreparable para el medio ambiente que, ahora mismo, sin precisar resoluciones concretas, se genera por autorizar semejantes muertes sin criterios científicos mínimos".

Finalmente, ha señalado en su voto especial que estando elementos judiciales atentos de solucionar sobre el control mortal del lobo "no se comprende que, entretanto, se dicten resoluciones que autorizan su muerte con la única condición de que se generen nuevos asaltos", "sin mención alguna a si se han realizado medidas de protección del ganado en las instalaciones frente a la depredación del lobo" y sin que se justifique "la presencia de perjuicios esenciales para el ganado en las explotaciones perjudicadas".

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