La tensión aumenta considerablemente, ya que las condiciones del encierro se vuelven cada vez más severas. Las instalaciones donde se encuentran recluidos están cerradas con llave, sin ventanas, y no tienen la posibilidad de recibir alimentos o prendas de vestir.

SANTANDER, 21 de noviembre.

La Junta de Personal Docente ha hecho públicas sus quejas sobre el endurecimiento de las condiciones del encierro que mantienen desde el pasado martes en la sede del Gobierno de Cantabria. Esta medida es en respuesta a la falta de avances en la negociación sobre la adecuación salarial. Además, han exigido que la mesa de diálogo que está programada para este viernes se realice en el lugar donde están encerrados, y no en el CEIP Simón Cabarga, como ha sido propuesto.

Acorde a la Junta, se ha vuelto evidente que la intención de las autoridades es sacarlos de la sede de Peñaherbosa, asegurando que cualquier reunión programada fuera de este espacio tiene como objetivo evitar que regresen a las instalaciones gubernamentales. “Nos quieren sacar de aquí”, han afirmado los representantes de los distintos sindicatos que integran la Junta (ANPE, STEC, CCOO, UGT y TU), durante sus declaraciones a los medios de comunicación este jueves, marcando así el tercer día de su encierro.

Estas declaraciones se produjeron tras un periodo de incertidumbre respecto a la presencia del personal de seguridad, quien parecía tener instrucciones de evitar que la prensa accediera a la sede del Ejecutivo. Además, se les había indicado que los participantes del encierro no podrían volver a ingresar si salían a ofrecer declaraciones. Sin embargo, finalmente se permitió que los encadenados llegaran hasta la entrada y regresaran a su sala al final de la jornada.

En su intervención, los miembros de la Junta denunciaron el agravamiento de las condiciones de su protesta, afirmando que se encuentran encerrados en una sala de prensa con llave, sin ventanas, y con un acceso al baño regulado de uno en uno. Asimismo, se les ha denegado la posibilidad de introducir ropa o alimentos, aunque algunos representantes del Grupo Parlamentario Regionalista se encontraron con ellos esta mañana y pudieron proporcionarles un paquete de comida.

Los encerrados han afirmado que su única demanda para poner fin a la protesta es recibir una contrapropuesta por parte del consejero de Educación, Sergio Silva. Lamentan que en la primera reunión del martes, Silva interrumpió el diálogo al rechazar las propuestas de la Junta y abandonó la mesa de discusión, una actitud que ellos consideran “una tomadura de pelo”.

La presidenta de la Junta de Personal, Rus Trueba, junto con los portavoces de STEC y CCOO, Diegu San Gabriel y Conchi Sánchez, respectivamente, enfatizaron que su única meta es mantener conversaciones. De este modo, argumentan que si existiera una verdadera voluntad por parte del consejero, “como él mismo asegura ante los medios”, debería reunirse con ellos en la sede del Gobierno, dado que no tienen la opción de salir.

“Vamos a permanecer aquí a la espera de que el consejero retome la reunión tal como la dejamos, pues no planteaba ninguna propuesta”, han reiterado.

Asimismo, han solicitado una reunión con la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, argumentando que Silva está “desobedeciendo” un mandato del Parlamento, el cual cuenta con el apoyo de su propio grupo. Este mandato hace referencia a la iniciativa aprobada por unanimidad que instaba al Gobierno a negociar la adecuación retributiva de los educadores, un tema que no se ha actualizado en 16 años.

Ellos reconocen que, aunque la actitud del consejero es “siempre cordial, con buenas formas y mucho diálogo”, lo cierto es que no se observan resultados concretos. Silva se escuda en alegaciones de dificultades presupuestarias, lo cual ellos consideran un intento de eludir su responsabilidad. “No se atreve a comprometerse de verdad”.

De hecho, los docentes expresan su incredulidad ante la excusa de la falta de fondos y lamentan que otras consejerías, como Salud y Justicia, sí han destinado recursos para incrementar el salario de su personal.

Específicamente, su propuesta exige un aumento progresivo que ascendería a 325 euros mensuales para el año 2027, incrementos que incluirían 40,23 euros desde septiembre de 2024; 70 euros desde enero de 2025; 120 euros desde 2026 y 95 euros desde 2027. Sin embargo, han manifestado su disposición a negociar.

A pesar de esto, han denunciado el trato “indigno” que están recibiendo, pues insisten en que no solo se les niega un aumento salarial, sino que también se está haciendo caso omiso a su derecho a la negociación y a la lucha que han emprendido.