En un breve pero significativo periodo de un mes, el Gobierno de Cantabria ha recibido más de 100 solicitudes que han agotado la totalidad de los 6,4 millones de euros previamente destinados a una reciente convocatoria de ayudas.

En una notable decisión, el Ejecutivo regional ha determinado incrementar el presupuesto de estas ayudas a un total de 10 millones de euros, destinado al programa de mejora de la accesibilidad en las viviendas de la región.

El programa se lanzó el 16 de octubre, y desde entonces han llegado 117 solicitudes que abarcan 1.768 viviendas, lo que ha llevado a la rápida utilización de toda la partida inicial. Esta noticia fue confirmada por Roberto Media, el consejero de Vivienda de Cantabria, durante un evento organizado por el Colegio de Administradores de Fincas, donde se discutieron los pormenores del decreto.

Media destacó la urgencia que existía para poder poner en marcha estas ayudas, dado que muchos ciudadanos llevaban tiempo esperando su materialización, y la última vez que se publicó un decreto similar fue en 2021. Esto subraya la vital necesidad de estas ayudas, que no solo ofrecen apoyo, sino que son un reflejo del interés del Gobierno por atender las necesidades de la población.

Hasta el momento, de las solicitudes recibidas, 10 han sido inadmitidas y tres han sido rechazadas. Al descontar esas 13 solicitantes, el total de las obras propuestas asciende a un ambicioso monto de 13.352.951 euros, lo que eleva la cantidad total de ayudas a más de 6,6 millones de euros, superando así los 6,4 millones inicialmente presupuestados. Sin embargo, el consejero ha advertido que si continúa esta tendencia en la presentación de solicitudes, es probable que en pocas semanas se agoten los 10 millones de euros disponibles.

El responsable de Vivienda ha aclarado que, una vez que se alcance este nuevo límite, se cerrará el decreto para evitar dejar a ningún solicitante en la incertidumbre o generar expectativas que no se puedan materializar. Media enfatizó que no desean repetir situaciones pasadas donde se prometieron ayudas que luego no se concretaron, como sucedió con el Plan Estatal de Rehabilitación y otras líneas de financiación europea.

En compañía de Tomas Orallo, subdirector general de Vivienda, y Alberto Ruiz Capillas, presidente del Colegio de Administradores de Fincas, Media resaltó que este decreto no solo impacta positivamente en la calidad de vida de personas mayores y con movilidad reducida, sino que también fomenta la actividad económica y la creación de empleo en la comunidad. Estas ayudas están focalizadas principalmente en la instalación de ascensores, pero también abarcan otras intervenciones que faciliten la autonomía de personas con movilidad reducida, como salvaescaleras y rampas.

Además, se consideran elementos para adaptar espacios a las necesidades de personas con discapacidad sensorial o intelectual, incluyendo dispositivos de información y comunicación que permitan una mejor orientación en el uso de las instalaciones comunitarias y domésticas. También se contempla el uso de tecnología domótica que favorezca la auto-suficiencia de las personas mayores y con discapacidad, así como cualquier mejora que garantice la seguridad y accesibilidad conforme al código técnico de la edificación.

Es importante destacar que las viviendas o edificios solicitantes deberán haber sido finalizados antes de 2006 y deben ser el domicilio habitual de sus propietarios, usufructuarios o arrendatarios. En el caso de edificios de varias viviendas, al menos el 50% de los inmuebles deben ser hogares permanentes.

Las obras también requerirán de la licencia municipal correspondiente y la adecuación de la documentación técnica necesaria. En cuanto a las novedades introducidas por este decreto, se destaca que la fase tradicional de calificación ha sido reemplazada por una declaración responsable, en la que el solicitante o su administrador afirmarán poseer la documentación exigida. Luego, la Administración se encargará de validar esta información. Media advirtió que, si se encuentra que la documentación no es correcta, el solicitante podría enfrentarse a la pérdida de la ayuda.

En términos de cuantificación de la ayuda, para las viviendas unifamiliares, el soporte económico será del 40% del costo de la obra, aumentando hasta el 50% si en la vivienda reside alguien mayor de 65 años o con discapacidad. Además, la cantidad máxima de la subvención se ha incrementado de 8.000 a 12.500 euros por vivienda. En el caso de familias con personas con discapacidad reconocida, se estipulan aumentos que pueden llegar hasta los 18.000 euros, aplicando siempre los límites del 40% o 50% mencionados.

Por otro lado, en el caso de comunidades de vecinos, también recibirán ayudas que alcanzarán un 40% del coste de la obra, con un incremento al 50% si hay residentes mayores o con discapacidades. La ayuda máxima por vivienda se ha elevado a 9.000 euros, y con condiciones específicas, las subvenciones para locales comerciales pueden ascender hasta 90 euros por metro cuadrado construido. Todo esto, reafirmando la necesidad de estos recursos dentro de los márgenes establecidos.