• miércoles 28 de septiembre del 2022

El exedil de Reinosa acusado de malversación se afirma inocente: "No he tocado un euro"

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El procesado y defensor justifica transacciones por "préstamos" a los 2 hermanos vecinos denunciantes y para "compensar" pagos hechos

SANTANDER, 4 Jul.

El exconcejal de Obras de Reinosa acusado de malversar prácticamente 23.400 euros de caudales públicos a través de diez facturas por la adjudicación de pequeños trabajos para el Ayuntamiento, Julio César García, se ha proclamado inocente en el juicio contra él, que empezó este lunes en la Audiencia Provincial de Cantabria y en el que se protege a sí mismo.

"No he comprado solo una obra que no esté bien ejecutada" y "no he tocado un euro que no me sea correcto", ha sentenciado el procesado -y al unísono letrado defensor- en la visión, frente a los integrantes del tribunal habitual que enjuiciará una parte de esta semana y de la próxima los hechos, por los que se encara a cinco años y medio de prisión que solicita el fiscal, mientras que él atrae su libre absolución.

El que fuera edil -asimismo de Industria, Empleo, Participación Ciudadana y Policía- entre 2011 y 2015 ha intervenido en el plenario desde el estrado -en vez del banquillo-, tanto para mostrar las consideraciones anteriores a los jurados para contestar al interrogatorio del ministerio público y al suyo, reemplazando en este último caso las cuestiones y respuestas por un relato.

García, que accedió a la citada Concejalía después de las selecciones municipales a las que concurrió por el PRC (tras dejar el cargo encabezó la lista de Por Reinosa Agrupación Sin dependencia), sí ha aceptado la presencia de "ciertas" transacciones de dinero del Consistorio a una cuenta suya, efectuadas por medio de una sociedad entre mayo de 2011 y marzo de 2012.

Pero explicó sobre esto que las logró basado en "adelantos" a todos los 2 hermanos vecinos del ayuntamiento que le denunciaron: "préstamos" hechos con carácter previo o simultáneo a una secuencia de proyectos menores encomendadas en inmuebles municipales para empujarlos, a solicitud del alcalde, el asimismo regionalista José Miguel Barrio, puesto que los dos tenían inconvenientes y precisaban trabajo.

Ha correcto que estos montantes fueron devueltos conforme han recibido los pagos por los trabajos realizados, y al lado de ello aseguró que vendió al Consistorio un dumper conseguido antes a otra compañía.

El encausado -que ha aseverado que constaba mediante usados y especialistas municipales el avance de los pedidos- ha atribuido la demanda a que en un instante particular se negó a abonar una adjudicación durante más de 7.000 euros al estimar que se encontraba "mal ejecutada", desde lo que se descontaron pagos para "compensar" otros completados, como la adquisición del mencionado vehículo a los contratados y gracias a que presentaba distintas deficiencias o averías o fallos.

El entonces responsable de Obras ha señalado que su relación con los contratistas fue "aprensiva", si bien ha confesado que se arrepiente de su relación con ellos en el chato personal, por el "suplicio" iniciado hace once años, en tanto que por haber "intentado empujarlos he salido escaldado". Pero, "no he cobrado un euro mucho más de lo que yo he facilitado", ha zanjado.

"Me declaro inocente del delito de malversación y de los hechos que me imputan, y culpable de tener fe en la raza humana y de opinar que hacía bien con todos y cada uno de los pagos por transferencia, pues no tengo nada que esconder", ha proclamado para cerrar su intervención.

Justo después, a cuestiones de un jurado sobre por qué razón prestó dinero a los denunciantes si sabía, como de esta manera lo ha manifestado, de sus antecedentes -inconvenientes con drogas, en el hogar, etcétera-, el acusado indicó que lo logró exactamente de ahí que, y pues uno había sido novio de una compañera de partido, que fue aspirante antes que él.

Ha subrayado que en el instante de ingresar en política "venía de una situación realmente difícil" -se encontraba jubilado tras un tumor por el que dejó de trabajar y cerró sus compañías-, con lo que accedió con la "ilusión" de poder "llevar a cabo algo" por la multitud desde las instituciones, pero "es una falacia. Se puede asistir hasta donde se puede asistir".

De cara al juicio, el procesado ha aportado novedosa documentación -algo que "llama la atención" al fiscal, al datar de los años en los que en teoría se cometieron los hechos denunciados- y ha mencionado a once presentes mucho más, entre ellos personal del Ayuntamiento, que no ha proclamado frente al juez instructor de Reinosa.

Respecto al hecho excepcional de que un acusado se defienda a sí mismo, Julio César García explicó que tras el trámite judicial iniciado hace diez años no podía "reposar", puesto que cobijaba "inquietudes mucho más que existenciales" sobre lo denunciado. Pero, en vez de tomar "pastillas", decidió estudiar Derecho, por el hecho de que "no creía lo que pasaba", ha insistido.

Así, terminó la carrera en 2016, y desde ese momento ha ejercido la profesión "con amigos", siendo este litigio -merced al como es letrado- el primero con jurado al que se encara. Pese a ello, optó por defenderse al estimar que es quien "mejor conoce" lo que ocurrió. Ha resumido la demanda como "una enorme patraña".

Por su parte , el fiscal comprende que el acusado "se valió" de los 2 hermanos a los que "podía manejar", para encargarles distintas proyectos menores y producir facturas "falsas", por trabajos que no se hicieron o se acometieron de manera "fraudulenta".

Para ello, indicó el gerente del ministerio público, abrió una cuenta corriente "en connivencia" con los denunciantes y tenía las claves de exactamente la misma para supervisarla. Así, en el momento en que se abonaban las facturas, transfería diferentes proporciones a sus cuentas, ciertas a nombre asimismo de su mujer y de su hija, que tenía 12 años.

Según el escrito de acusación del ministerio público, el exedil de Obras se aprovechó de su cargo y la "escasa capacitación y la situación de necesidad" de los 2 hermanos denunciantes a los que ofreció la adjudicación de pequeños trabajos para el Ayuntamiento, en lugar de que abriesen una cuenta bancaria donde los dos figuraran como sucesos y le autorizaran a él como disponente.

Al tiempo que les asignaba distintas pedidos, elaboraba facturas para 'Obras y Reformas en General', nombre que se "inventó" para la tarea de los autónomos contratados para servicios municipales, y poder ofrecer "fachada de validez a unos trabajos que no se habían efectuado" y "cobertura a la compraventa falsa a exactamente los mismos y en pos del Ayuntamiento de un vehículo particular (dumper), del que jamás fueron sucesos".

El escrito de la Fiscalía cuenta diez facturas falsas por trabajos de desinfección (3.744 euros), en el ferial de ganados (7.202 y 4.106 euros), en la federación de peñas (1.062 euros) y en el tanatorio (1.684 euros), por retiradas de restos en el Ebro (1.029 euros) y por proyectos de saneamiento en casa de la juventud (5.089 euros) y en el campo de rugby (3.912 euros). También consta una por la venta del mencionado vehículo por 7.254 euros.

Posteriormente -sigue el fiscal-, el concejal firmaba las facturas confeccionadas por él y las presentaba en el Consistorio a fin de que satisficiera el importe de exactamente las mismas en la cuenta abierta a nombre de los hermanos, tras lo que efectuó distintas transacciones a cuentas suyas.

Para el ministerio público estos sucesos forman un delito continuado de malversación de caudales públicos y un delito continuado de falsedad en archivo mercantil cometido por autoridad, por los que aparte de los cinco años y medio de prisión asimismo demanda diez.800 euros de multa, inhabilitación particular para empleo o cargo público a lo largo de seis años, y también indemnización de 23.393 euros.

El juicio seguirá este martes con las primeras testificales y proseguirá hasta el 13 de julio, con la deliberación y el veredicto del jurado.

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