• lunes 6 de febrero del 2023

El fiscal solicita ocho años de prisión para todos los seis acusados de prostituir a una muchacha de Colombia

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SANTANDER, 22 Oct.

La Fiscalía ha pedido ocho años de prisión para todos los seis acusados de un delito de trata de humanos por prostituir a una muchacha venida de Colombia y que van a ser juzgados desde el próximo lunes, día 24, en la Audiencia Provincial de Cantabria.

Según el escrito de la Fiscalía, los acusados, asimismo de origen colombiano y habitantes en Cantabria, efectuaban ocupaciones similares con la prostitución en pisos particulares utilizados como viviendas de citas.

Con el propósito de acrecentar el negocio y bajo la dirección de entre las acusadas, madre de 2 hombres asimismo acusados, eligieron hallar mucho más chicas jóvenes de su país de origen "para explotarlas sexualmente y lucrarse con esa actividad".

Con este fin, entre las chicas que ejercitaba la prostitución en uno de esos pisos, asimismo acusada, contactó por medio de comunidades con una muchacha de 19 años a la que conocía de la niñez, que radicaba en Colombia y tenía un bebé de 4 meses "y una situación de absoluta necesidad económica".

Así, "ocultándole deliberadamente que de todos modos se dedicaría a la prostitución", le ofreció procurarle trabajo en una cafetería o cuidando jubilados y le mencionó que le sacaría un billete de avión y dinero para los primeros costos.

La muchacha persuadió a la joven, y otra de las acusadas, nuera de la mujer que dirigía los pisos, le sacó un billete de avión. Cuando llegó a Madrid, fue obtenida por un hombre y llevada a Torrelavega en taxi, donde le retiraron el móvil.

Después, fue llevada a una vivienda de citas en Santander, donde estaba la muchacha que contactó con ella, otra mucho más que ejercitaba la prostitución y la encargada del piso, asimismo acusada, que era familiar de la mujer que dirigía todos y cada uno de los pisos.

Tras un par de días en la vivienda sin salir a la calle pues podía ser detenida, la responsable de los pisos, que pasaba semanalmente a agarrar el dinero colectado, le mencionó que debía prostituirse hasta abonar la deuda de 5.000 euros que había contraído por traerla a España.

La muchacha se negó, pero frente a la imposibilidad de recibir asistencia y las amenazas que recibió, accedió a entrenar la prostitución, marcándole la vivienda los costos, tal como concertando las citas mediante avisos subidos a una web.

Según Fiscalía, la joven prestaba servicios sexuales 24 h cada día y siete días por semana; unicamente se le dejaba salir una hora cada día y siempre y en todo momento acompañada; y del dinero que conseguía, la mujer que dirigía los pisos se quedaba la mitad y, de la otra mitad, le entregaban 30 euros por semana, destinando el resto a abonar la presunta deuda por el viaje.

Un día que ha podido salir sola, la joven aprovechó para emprender a un viandante, a quien le contó lo sucedido y desde la vivienda de este llamaron a la policía.

Una vez iniciado el trámite judicial, entre los hijos de la mujer que dirigía los pisos descubrió el paradero de la chavala y le solicitó que retirara la demanda pues "si quisiéramos reparar la cosas por las malas, usted sabe de qué forma somos los colombianos", le advirtió.

Para el fiscal, los hechos forman un delito de trata de humanos en certamen con otro de determinación a la prostitución, y asimismo un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros. Por todos ellos solicita, aparte de la pena de prisión, prohibición de arrimarse o hacer llegar con la joven a lo largo de diez años y independencia observada de cinco años tras cumplir la pena, tal como que abonen de forma conjunta y caritativa a la víctima 25.000 euros como indemnización por los daños personales que sufrió.

Junto a ello, para el acusado que solicitó a la joven que retirara la demanda, la Fiscalía solicita un par de años de prisión, al considerarle creador de un delito contra la administración de justicia.

Por su parte, la acusación especial que ejercita la mujer solicita para cada uno nueve años de prisión, independencia observada de cinco años y prohibición de hacer llegar y arrimarse a ella a lo largo de diez años y una indemnización de 30.000 euros.

Además, para el asimismo acusado de un delito contra la administración de justicia, la pena pedida por la acusación especial se eleva a tres años de prisión.

Finalmente, la defensa de la mujer que en teoría dirigía las viviendas de citas manifiesta en su escrito que la denunciante se trasladó a España "de manera no solo facultativa sino más bien absolutamente entendida y siendo consciente de la actividad que desarrollaría", mantiene que esta sostuvo "total y absoluta" independencia de movimientos y niega que le fuera retirado el dinero, móvil inteligente o documentación.

Asegura del mismo modo que las relaciones con los clientes del servicio "las establecía de manera especial y bajo su método, tal como el valor de los servicios". Y prosigue señalando que la única participación de los hechos de su protegida "lo fué en su condición de arrendataria de la vivienda que ocupaban tanto ella como otras chicas".

Finalmente, apunta que el abandono del piso de la denunciante "obedeció a un hecho entre un cliente y una de sus compañeras, para, en connivencia con aquel, ocasionar la intervención de la policía y así mismo ofrecer comienzo a un desarrollo que le dejara regularizar una situación a través de su condición de testigo cuidada".

El juicio se festejará en la Sección Primera de la Audiencia, a las 9.30 horas, y está sosprechado que se alargue hasta el 27 de octubre.

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