Zuloaga comunica que antes de 2023 se publicará la solicitud para hacer una entidad pública de administración del transporte sanitario

SANTANDER, 22 Dic.

El Gobierno de Cantabria, mediante la Consejería de Sanidad, ha aprobado el expediente para sacar a licitación el contrato del transporte sanitario terrestre en el Servicio Cántabro de Salud (SCS) con una duración de un par de años y un precio de unos 47 millones de euros, 23,5 todos los años, que piensa cerca del doble del importe del contrato de hoy que tiene un coste de 12 millones por año.

La intención del Ejecutivo regional en relación a este contrato, que contempla la oportunidad de una prórroga total de hasta otros un par de años (un año cada una), es que se licite instantaneamente y que la adjudicación logre generarse "cuanto antes", siendo la previsión que entre en desempeño en el mes de mayo de 2023.

Así lo anunció este jueves, en la rueda de prensa para reportar sobre los pactos logrados en el Consejo de Gobierno, el vicepresidente cantabrio, Pablo Zuloaga, quien ha señalado que la presente prórroga del contrato expirará el mes próximo de febrero, con lo que se ha aprobado asimismo otra prórroga por un periodo de tiempo máximo de 12 meses o hasta el momento en que se formalice el nuevo contrato.

El vicepresidente ha señalado que el Gobierno "cumple con sus compromisos" y "está realizando todos y cada uno de los pagos" a la compañía concesionaria del servicio, con lo que, dijo, "no comprendemos por qué razón volvió a incumplir sus compromisos con la plantilla que presta el servicio de transporte sanitario" más allá de las necesidades del SCS en relación a que los trabajadores no hayan recibido aún la paga plus de Navidad, más allá de que se mostró "seguro" de que lo van a hacer "próximamente".

Por otro lado, Zuloaga anunció que antes de finalizar el año se publicará en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC) la solicitud pública para gestionar una ley en el Parlamento con el objetivo de hacer la entidad pública que gestione más adelante el transporte sanitario.

También en materia sanitaria, se han aprobado los pactos logrados con los sindicatos para prosperar las condiciones laborales de los trabajadores del SCS y para progresar la asistencia a los individuos del sistema sanitario.

"Nos encontramos frente pactos que mejoran las condiciones de todo el plantel de las instituciones sanitarias publicas y que se prolonga a todas y cada una de las categorías del organismo, tanto a la atención principal como a la hospitalaria", ha añadido Zuloaga, quien ha manifestado que estos pactos recogen "reclamaciones que venían demandándose ya hace bastante tiempo".

Se prevén medidas como la instalación de mas de 180 cámaras y la puesta en marcha de seguridad activa en puntos de mayor conflictividad para asegurar la seguridad de los trabajadores, ha recordado el vicepresidente, al paso que indicó que se ha incrementado asimismo la remuneración económica de guardas y festivos aparte de ciertos complementos, por ejemplo medidas.

Los pactos logrados para progresar las condiciones laborales del personal sanitario suponen una movilización de 8 millones de euros.

En materia de Empleo, se ha autorizado la celebración de un contrato para la administración del Centro de Día de Castro Urdiales, con una duración hasta el 31 de agosto de 2023 prorrogable por otros 4 meses y con un valor de 563.000 euros.

De esta forma, el servicio se proseguirá prestando a sus 23 individuos hasta el comienzo de las proyectos previstas por el Instituto Cántabro de Servicios Sociales (ICASS), y se trabaja a fin de que en el momento en que empiecen, el servicio prosiga prestándose en Castro Urdiales en "un local conveniente".

También se ha acordado una subvención de 3,7 millones de euros para financiar programas de interés general y popular mediante entidades del tercer campo a cargo de la asignación tributaria de 0,7% del IRPF. Estas ayudas van a ir destinadas a programas para contemplar pretensiones de asistencia popular dirigidas a la atención de personas en situación de pobreza, exclusión popular o en otras ocasiones de puerta de inseguridad.

Respecto a la vivienda, esta Consejería asimismo ha aprobado para la red social de dueños Plaza Los Castaños 12-20, en Santander, una subvención de 104.000 euros para progresar la eficacia energética del inmueble. Y se han aprobado ayudas por 223.000 euros a once adjudicatarios de los programas de incentivos unidos al autoconsumo y a las energías renovables.

Como última medida en el ámbito de Políticas Sociales, se ha acordado arrancar un servicio de terapia asistida con perros en los centros de atención a la dependencia de Santander y Sierrallana, por un periodo de tiempo de un par de años prorrogable por otro mucho más y un valor de 60.000 euros.

Respecto a la Consejería de Educación y Formación Profesional, se ha autorizado, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, asignar prácticamente 3 millones de euros a entidades de capacitación modular, y van a tener prioridad en el ingreso a las acciones formativas las victimas de crueldad machista, personas con discapacidad, trabajadores en situación de suspensión de contrato o ERTE, mayores de 45 años, menores de 30 y personas con baja cualificación profesional.

La capacitación se dará a través de módulos de 30 a 60 horas extensibles a 15 horas practicas, y está orientada a los once campos estratégicos del Plan de Modernización de la Formación Profesional, al precaución de la gente y a las ubicaciones bajo riesgo de despoblación.

Por otro lado, se han aprobado subvenciones por 1,3 millones a hospedajes y compañías turísticas y hosteleras mediante los fondos FEDER. Estas subvenciones, que alcanzarán hasta el 40% de la inversión total siendo la asistencia máxima de cien.000 euros, van a deber destinarse a inversiones en disponibilidad, sistemas antiincendios, proyectos de sincronización, climatización y actualizaciones de zonas recurrentes u ocio y diversión.

Además, se concederán 767.000 euros a la Universidad de Cantabria en el contrato del programa para el ejercicio 2022.

Finalmente, el Consejo de Gobierno ha nombrado a los integrantes sobrantes de la Comisión de la Memoria. En preciso, fueron nombradas María Soledad González y María Magdalena Hermosa de los Ríos; y se ha nombrado presidente a Carlos Cortés.