El pasado 12 de diciembre, la Dirección General de Medio Ambiente del Gobierno de Cantabria emitió la aprobación de la Autorización Ambiental Integrada (AAI) para la construcción de una planta de biogás en Hazas de Cesto. Este proyecto, que originalmente se estimó en 12 millones de euros, ha visto dispararse su presupuesto a más de 25 millones debido a las exigencias adicionales impuestas por las autoridades regionales.

El consejero de Medio Ambiente, Roberto Media, informó a los medios sobre el avance del proyecto, respondiendo a diversas indagaciones sobre su tramitación. Este anuncio se produce en medio de un contrarreloj administrativo en el que se han presentado alrededor de 1.600 alegaciones, la gran mayoría de las cuales han sido desestimadas.

Media detalló que más del 90% de las alegaciones eran similares y se centraban en oposición a la construcción de la planta. "Desde una perspectiva técnica, si los expertos han determinado que el proyecto es viable, no podemos darle validez a estas alegaciones", argumentó el consejero, resaltando que el tema es estrictamente técnico y no político.

El consejero también comunicó que la Autorización Ambiental Integrada será publicada en el Boletín Oficial de Cantabria en los próximos días, documento que contendrá las normativas y controles que la planta deberá seguir tanto durante su construcción como en su operación. "Cualquier incumplimiento llevaría al cierre de la instalación, del mismo modo que ocurre con cualquier otra empresa que necesita de una autorización ambiental", advirtió Media.

Según el consejero, al asumir el Gobierno en verano de 2023, el Partido Popular se encontró con un proyecto "francamente deficiente" que se había declarado de interés social por el anterior Ejecutivo, formado por el PRC-PSOE y bajo la dirección de Guillermo Blanco en Medio Ambiente. Esto llevó a que el nuevo gobierno exigiera más precauciones y procedimientos a la empresa, lo que a su vez incrementó significativamente el coste del proyecto.

El diseño final de la planta contempla una estructura cerrada que asegurará que no habrá vertidos contaminantes al río, una medida que busca minimizar el impacto ambiental de esta instalación de biogás en la región.