En un reciente movimiento que ha generado controversia en la región, el Gobierno de Cantabria ha otorgado a la compañía que opera el vertedero de Monte Carceña, en Castañeda, la autorización necesaria para recibir y gestionar residuos de construcción que contengan amianto y otros minerales similares.

Este anuncio se formalizó a través del Boletín Oficial de Cantabria, donde se detalló la decisión de la Dirección General de Medio Ambiente del Ejecutivo regional. Esta medida modifica de manera no sustancial la Autorización Ambiental Integrada, permitiendo que la empresa Integraciones Ambientales de Cantabria (IACAN) incluya el amianto dentro de los materiales que podrá manejar en sus instalaciones.

Entre los residuos que se planea recibir en este vertedero, se encuentran aquellos provenientes del desmantelamiento de la antigua Residencia Cantabria, lo que ha generado preocupaciones sobre la seguridad ambiental y la salud pública en la zona.

La resolución que respalda esta decisión indica que, según el Real Decreto vigente sobre eliminación de residuos, se permite que materiales de construcción y residuos que contengan amianto sean depositados en vertederos para residuos no peligrosos, siempre que se cumplan ciertos requisitos previos.

Entre los criterios establecidos, se subraya que los residuos no deben incluir otras sustancias peligrosas, además del amianto aglomerado. Estos materiales deben presentarse en condiciones que eviten la emisión de fibras durante su manipulación, garantizando así la seguridad de los trabajadores y de la comunidad.

Para manejar adecuadamente estos residuos, el vertedero deberá aplicar procedimientos específicos que aseguren la integridad del embalaje en el que llegan, evitando cualquier ruptura que podría liberar fibras al aire. Además, el área de depósito será cubierta diariamente con un material que prevenga daños y dispersión de fibras en el ambiente.

Los planes de operación también incluyen la colocación de una cubierta final sobre la celda del vertedero, que permitirá además prevenir la filtración de materiales peligrosos al suelo. De igual manera, no se permitirán obras que puedan liberar fibras de amianto durante la vida útil del vertedero.

Una vez clausurado el vertedero, la empresa será responsable de mantener un registro detallado sobre la ubicación de los residuos de amianto, el cual deberá remitirse a la autoridad ambiental competente. Esto refleja un intento por manejar la situación con la transparencia necesaria.

Se han diseñado también medidas que restringen los usos futuros del suelo una vez que el vertedero haya cerrado, con el fin de proteger a la población del contacto directo con residuos nocivos. Mientras tanto, se enfatizan los protocolos de salud y seguridad que deben seguir los trabajadores en contacto con estos materiales, para minimizar riesgos en su labor.

Por último, se estipula que la empresa operadora deberá presentar una memoria justificativa relacionada con el cumplimiento de todos los requisitos previos antes de comenzar la gestión de estos residuos, asegurando que el proceso esté respaldado por un marco de responsabilidades y consideraciones ambientales adecuadas.