Está pensado sostener el presente sistema de abonos, lo que va a tener un coste de unos 5 millones cada un año para el Estado

SANTANDER, 21 Feb.

El Gobierno de Cantabria ha aclarado que la gratuidad para los Cercanías en la red social autónoma desde 2024 afectará a los individuos comunes, sosteniendo, según lo pensado, el presente sistema de abonos.

El Ejecutivo regional hizo esta precisión una vez que el presidente regional, Miguel Ángel Revilla (PRC), a cuestiones de los medios, señalara que "creía" que esa gratuidad iba a ser para todos y cada uno de los individuos.

Pese a todo, aún está todo por determinar y el Gobierno debe trabajar en este momento para articular la fórmula por la que se extenderá en el tiempo la gratuidad de la que en este momento se favorecen los individuos comunes hasta el momento en que lleguen los nuevos trenes, algo que está pensado que ocurra en 2026.

Dicha extensión de la gratuidad fue entre las medidas acordadas ayer, lunes, entre el Ministerio de Transportes y las comunidades de Cantabria y Asturias para compensar el inconveniente que hubo con los trenes que debían llegar a estos 2 territorios y el retardo que padecerá su distribución por el fallo en el cálculo de sus dimensiones.

En el acuerdo suscrito ayer por el Ministerio y los presidentes de Cantabria y Asturias, Miguel Ángel Revilla y Adrián Barbón, respectivamente, esta medida se recopila de la próxima forma: "prolongar la aportación económica de hoy para la gratuidad de las Cercanías ferroviarias en Asturias y Cantabria alén del 31 de diciembre de 2023 y hasta la distribución de las entidades de trenes atentos en el contrato en curso. Para ello, el Ministerio habilitará mediante los Presupuestos Generales del Estado rutas partidas económicas de aportación a la financiación del sistema de transporte público de Asturias y Cantabria, para utilizar las que corresponden bonificaciones y novedades en la prestación del servicio".

El presidente de Cantabria cifró esta mañana en unos 5 millones de euros por año la aportación que deberá llevar a cabo el Estado a la red social autónoma para prolongar esta gratuidad. De esta forma, y sabiendo que los nuevos trenes no van a llegar hasta 2026, Revilla señaló que la aportación que debería realizar el Gobierno central sería de unos 15 en tres años.

Dicha aportación se articulará mediante partidas en los Presupuestos Generales del Estado.