El Gobierno de Cantabria acumula una deuda de 58 millones para financiar ayudas de rehabilitación.

El Gobierno de Cantabria acumula una deuda de 58 millones para financiar ayudas de rehabilitación.

El Gobierno de Cantabria, liderado por el Partido Popular, ha revelado la existencia de una deuda de 58 millones de euros dejada por la administración anterior, formada por una coalición entre el Partido Regionalista de Cantabria (PRC) y el Partido Socialista Obrero Español (PSOE). Roberto Media, consejero de Fomento, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, ha denunciado una gestión "pésima y negligente" por parte de los socialistas en relación a las ayudas a la rehabilitación. Además, ha informado que se han encontrado unos 500 expedientes sin contestar desde 2016.

El Ejecutivo regional ha heredado un "agujero" de 57 millones de euros provenientes de dos decretos para las ayudas a la rehabilitación: uno a través del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 (28,3 millones) y otro de los fondos europeos (28,6 millones). A esta cifra se suman las últimas 150 solicitudes presentadas en los últimos días, lo que aumentará aún más la deuda. Sin embargo, el gobierno actual ha anunciado su compromiso de asumir dicho "agujero" y establecer un plan de pagos para no dejar a los vecinos y propietarios en una situación desfavorable.

Para hacer frente a esta situación, se ha asignado un presupuesto extraordinario desde la Dirección General de Vivienda. Este presupuesto se destinará al pago urgente de 306 expedientes, que ascienden a 5,9 millones de euros. A pesar de estas medidas, el déficit presupuestario sin respaldo ascenderá a 52 millones de euros.

En colaboración con la Consejería de Hacienda, se pondrá en marcha un plan de pagos realista y creíble para los afectados del Plan Estatal de Ayudas a la Rehabilitación. Este plan permitirá pagar los 22 millones de euros restantes a lo largo de los próximos años.

En cuanto a los fondos europeos, el Gobierno de Cantabria ha buscado el apoyo del Ejecutivo central para solucionar el "grave problema" que se ha presentado. Se espera una posible reasignación de estos fondos para pagar al menos una parte de la deuda de 30 millones de euros.

Roberto Media ha informado de que se ha trasladado esta información al Colegio de Administradores de Fincas y al decano del Colegio de Arquitectos. Asimismo, ha denunciado la existencia de unos 500 expedientes sin contestar que se encontraron en cajas y en un armario de la Consejería. Estas reclamaciones datan desde 2016 y se incluyen las ayudas al alquiler.

El consejero ha censurado la falta de transparencia por parte del Gobierno anterior, que cerró el Plan Estatal de Vivienda con un déficit de más de 28 millones de euros sin informar a la población durante casi dos años. Hasta el momento, se han pagado 853 expedientes por un valor de 13,5 millones de euros, mientras que otros 972 expedientes por más de 28 millones de euros aún están pendientes.

Roberto Media ha criticado la gestión de la exdirectora general de Vivienda y exconsejera de Empleo y Políticas Sociales, Eugenia Gómez de Diego, así como de su antecesora, la socialista Ana Belén Álvarez. Ha destacado la falta de capacidad y responsabilidad en la administración de los recursos, señalando la coincidencia del inicio del plan estatal de ayudas a la rehabilitación con el plan de rehabilitación energética, que generó numerosas peticiones y falta de financiamiento.

Desde su llegada al cargo, Media se ha centrado en retomar múltiples proyectos estancados que son vitales para mejorar las infraestructuras de la región. Además, ha hecho referencia a la complicada situación de la Consejería, la cual ha sido intervenida por la Policía Nacional y la Agencia Tributaria debido a una investigación judicial sobre presuntas adjudicaciones de contratos durante los gobiernos del PRC-PSOE.

En conclusión, el Gobierno de Cantabria ha tomado medidas para hacer frente a la deuda millonaria en estas ayudas a la rehabilitación. Sin embargo, ha denunciado la mala gestión del gobierno anterior, subrayando la falta de transparencia y la irresponsabilidad en la administración de los recursos públicos. Se espera el apoyo del Ejecutivo central a través de una posible reasignación de los fondos europeos para resolver esta situación.

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