La Consejera de Presidencia y Justicia de Cantabria, Isabel Urrutia, ha salido al paso de las afirmaciones sobre la motivación detrás del acuerdo judicial relacionado con la trama de Obras Públicas, enfatizando que no se trata de un movimiento político, sino de una decisión estrictamente "técnico-jurídica". Según Urrutia, este convenio fue propuesto por la Fiscalía y aceptado por el Gobierno, que actúa como parte acusadora, con el objetivo de abordar los hechos y pruebas presentadas en el caso que afecta a un funcionario y varios empresarios.

Durante su intervención en el Pleno del Parlamento, Urrutia defendió el arduo trabajo realizado por las abogadas que, durante más de dos años, se han dedicado exclusivamente a este caso que incluye un voluminoso dossier de 30.000 folios. La Consejera explicó que el pacto permitirá que los acusados devuelvan el dinero malversado, que asciende a 1,6 millones de euros, a las arcas públicas una vez se dicte una sentencia firme. Además, puso de manifiesto que el cabecilla de la red ha confesado y deberá dejar su puesto en la administración, garantizando que no volverá.

La consejera hizo estas declaraciones en respuesta a Leticia Díaz, portavoz de Vox, quien inquirió sobre posibles prácticas colusorias en la adjudicación de licitaciones públicas. Urrutia negó tales acusaciones y destacó que el actual Gobierno del PP no ha tenido relación con los hechos que se investigan, los cuales pertenecen a legislaturas anteriores.

En relación al reciente acuerdo alcanzado entre los investigados y la Fiscalía, Urrutia comentó que se han establecido penas que podrían llegar hasta los siete años de cárcel para el principal acusado, quien estuvo en prisión provisional y fue destituido de su cargo. Para otros implicados, se han propuesto condenas de uno a dos años.

La titular de la Consejería subrayó que las irregularidades han sido debidamente comprobadas, ya que los implicados han reconocido su participación en los actos ilícitos. Aseguró que el Ejecutivo del PP ha actuado con transparencia y responsabilidad en este proceso, siempre con el objetivo de reparar el daño causado a la administración pública.

Asimismo, resaltó la dedicación de las abogadas que han trabajado en este caso, quienes han revisado una cantidad considerable de evidencia y documentación con el propósito de proteger los intereses del Gobierno y de la comunidad.

Urrutia recalcó que se han conseguido resultados significativos, como la recuperación de más de 1.6 millones de euros, y reafirmó el compromiso del PP en combatir la corrupción de manera decidida, mencionando que la actual gestión ha propiciado una mayor competencia en las licitaciones, atrayendo empresas de fuera de la región y aumentando el número de ofertas recibidas en comparación con períodos anteriores.