El Gobierno de Cantabria, bajo el liderazgo del Partido Popular, ha decidido frenar el contrato del proyecto de un gran acuífero entre Santillana del Mar y San Vicente de la Barquera que había sido propuesto por la administración anterior conformada por el PRC-PSOE. Esta decisión se tomó debido a la existencia de una enorme incertidumbre en torno a dicho proyecto, ya que surgieron dudas razonables sobre su viabilidad y se identificaron alternativas mucho más adecuadas para el suministro de agua.
El consejero de Fomento, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, Roberto Media, confirmó que no se contaba con ningún informe favorable de los organismos competentes en las prospecciones previstas para el acuífero, sino más bien con consideraciones negativas que ponían en duda su tramitación. Es por ello que se decidió en noviembre paralizar los sondeos que estaban en proceso de licitación, pero que finalmente no se llevaron a cabo.
Según Media, la directora general de Aguas tomó esta decisión basándose en un informe del jefe del Servicio, en el que se identificaban varias razones para cuestionar la viabilidad del proyecto, como la falta de autorización de Cultura, incertidumbre sobre la cantidad y calidad del agua, e inquietudes sobre la idoneidad del agua para el consumo humano al extraerse a una profundidad de 700 metros bajo tierra.
El funcionario señaló que, de ser apta, la extracción de agua a esa profundidad resultaría antieconómica desde el punto de vista de la explotación. Por lo tanto, se sugirió detener el contrato de las catas hasta contar con los estudios y autorizaciones necesarios, sugiriendo como alternativas más razonables el trasvase a través del embalse del Ebro y el aumento de la captación del Deva para satisfacer las necesidades hídricas de Cantabria.
En este sentido, la Consejería tiene prevista una reunión con la Dirección General del Agua del Ministerio para la Transición Ecológica para solicitar una mayor captación en el Río Deva con el fin de asegurar un suministro suficiente de agua para la región. El objetivo es evitar cualquier escasez de agua en Cantabria y garantizar su distribución a través de la Autovía del Agua.
El consejero Media destacó que el anuncio del proyecto del acuífero de Santillana, realizado durante el verano de 2022 -un año preelectoral- por el entonces presidente autonómico, Miguel Ángel Revilla, parecía responder más a un intento de ganar votos que a las verdaderas necesidades de abastecimiento de Cantabria. En comparación con otros proyectos polémicos como la mina de zinc en Reocín, Media destacó que este tipo de iniciativas deben evaluarse cuidadosamente antes de proceder con su implementación.
El proceso de licitación para las prospecciones del acuífero se había iniciado en enero de 2023 con un presupuesto de algo más de un millón de euros, pero el actual Gobierno del PP no tiene constancia de que haya llegado a concretarse. Sin embargo, se identificaron posibles impactos graves en patrimonios como las cuevas de Altamira y Chufín, ambos considerados Patrimonio de la Humanidad, así como en otros sitios de alto valor arqueológico.
La explotación del acuífero podría alterar sus condiciones naturales y las perforaciones podrían afectar negativamente a la estructura de las cuevas, generando riesgos significativos. Ante estas preocupaciones, la paralización del contrato se presenta como una medida prudente para proteger el patrimonio natural y arqueológico de la región.
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