SANTANDER, 4 Ene.

La Consejería de Empleo y Políticas Sociales, a través del Instituto Cántabro de Servicios Sociales (ICASS), ha sacado a certamen un servicio de terapia asistida con perros para los clientes de los centros de atención a la dependencia (CAD) de Santander y de Sierrallana (Torrelavega) por un intérvalo de tiempo de un par de años, prorrogable otro año mucho más, y un importe próximo a los 60.000 euros.

La previsión es que el servicio comience a marchar en el primer período de tres meses de 2023 con ocupaciones que mejoren la salud física y mental de la gente en situación de dependencia y su estado de ánimo, informó el Gobierno en publicación oficial.

Según indicó la directiva del ICASS, María Antonia Mora, hablamos de un servicio especializado mucho más de la cartera que dan los centros públicos de Cantabria para prosperar la calidad de vida de la gente que viven en estos centros.

En esta situación, se tiene dentro esta terapia con perros que está probando "una enorme herramienta" para acrecentar el contacto y la relación en personas que, aun, rehúyen las relaciones entre personas. "Muchas son las personas mayores que entablan relaciones geniales con los cánidos, charlan con ellos y prosiguen con esa buena predisposición a lo largo del resto del día", explicó.

La directiva indicó que desde el ICASS prosiguen haciendo un trabajo para "hacer mas fuerte" los servicios públicos y la atención a la autonomía de la gente y las ocasiones de dependencia. Así, hablamos de "prosperar la prestación de servicios y poder tener la posibilidad de que, con ocupaciones mucho más recientes, como puede ser la terapia con perros, se optimize la salud de la gente dependientes".

En este sentido, desde el Ejecutivo se ha señalado que la normativa autonómica, aprobada el año pasado para los centros de la dependencia, "avanza hacia un modelo de atención mucho más personalizado para beneficiar un ámbito lo mucho más similar a un hogar" y contempla que los centros residenciales se estructuren en módulos de convivencia de 30 personas como máximo, con espacios zonificados que guarden una relación directa con los diferentes géneros de actividad que se realizan en ellos.

"El propósito es que la gente usuarias reciban los servicios con un alto nivel de seguridad, confort y calidad en la atención y que se cuiden de manera eficiente los derechos que les asisten", ha recalcado.

Se trata, al fin y al cabo, "de reducir los efectos negativos de la institucionalización y que la atención se logre centrar mejor en las pretensiones de cada individuo usuaria y en los puntos convivenciales y comunitarios del centro".