La Audiencia Provincial de Cantabria ha emitido una sentencia que pone fin a la controversia sobre la corrupción en el sector de las carreteras de la región. Todos los involucrados en el escándalo, que implicaba la adjudicación irregular de contratos de obras públicas, han sido condenados, y el acuerdo alcanzado entre las partes ha sido ratificado en una vista realizada este viernes.

En esta reunión judicial, los acusados han aceptado las circunstancias y las sanciones expuestas, lo que permitió que la jueza de la Sección Tercera confirmara la firmeza de la sentencia. Curiosamente, el tribunal del jurado no ha sido necesario constituir, dado el consenso entre las partes, quienes han decidido no apelar la decisión. Sin embargo, éstos no han escapado a las consecuencias legales, ya que se ha determinado que todos los implicados, a excepción del principal acusado, no cumplirán prisión por el momento. Este último, un funcionario de alto rango, ha sido sentenciado a siete años de cárcel y deberá ingresar en prisión el 8 de enero, después de las festividades navideñas.

El condenado, Miguel Ángel Díez Barrio, será trasladado a la prisión de Zaballa en Álava, que es la más próxima a su nuevo hogar y lugar de trabajo. Su abogado ha solicitado un plazo poco habitual de algo más de un mes para el inicio de su condena, argumentando la necesidad de atender a asuntos familiares y laborales tras mudarse a otra comunidad autónoma. Este abogado ha subrayado que su cliente se encuentra actualmente en funciones relacionadas con obras, las cuales no podrá finalizarlas hasta finales de diciembre.

Además, el letrado ha presentado razones penitenciarias y humanitarias para facilitar la incorporación del funcionario a la prisión, especialmente teniendo en cuenta la proximidad de las festividades navideñas. Cabe mencionar que el montante económico del perjuicio causado al Gobierno de Cantabria ha ascendido a más de 1,6 millones de euros, según reconocieron los acusados. La jueza ha aceptado su petición y tanto la Fiscalía como la acusación particular han optado por no oponerse a esta extensión.

En cuanto a las sanciones complementarias, la esposa del principal acusado ha recibido una suspensión de su pena de un año y un día, que se extenderá por dos años siempre que no incurra en nuevos delitos. Asimismo, los cuatro constructores involucrados en la trama también verán suspendidas sus penas de prisión, a condición de que paguen una multa total de 960 euros, que se desglosa en una cuota de 6 euros durante un periodo de 160 días.