• miércoles 28 de septiembre del 2022

El interventor general enseña que los puestos de 'las Marías' se hicieron a solicitud de su antecesor y del Parlamento

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Alardea la "buena fe" de quienes intervinieron en los expedientes: "No lo tengo por qué razón cuestionar"

SANTANDER, 28 Jun.

El interventor general del Gobierno de Cantabria, Javier Marín, explicó que la modificación de la relación de cargos laborales (RPT) de la Consejería de Economía y la creación de los puestos que más tarde se adjudicaron a la exconsejera del área, María Sánchez, y a su asesora general, María González, se realizaron a causa de la solicitud del Parlamento de remarcar este área y de la necesidad que manifestó su antecesor en el cargo.

Marín ha comparecido este martes frente a la Comisión de Economía y Hacienda del Parlamento, a solicitud del PP, para reportar sobre esa RPT y la creación de 2 puestos --los de Jefe de Área de Intervención y Fiscalización II y Jefe de Unidad de Eficiencia y Modernización-- que la oposición reitera que que fueron confeccionados "ad hoc" por las que llaman 'las Marías' para adjudicarse un "sueldo Nescafé".

El interventor, que tomó posesión en el mes de noviembre de 2021, ocho meses tras la publicación del decreto por el que se altera la RPT, ha señalado que el primer archivo con el que comienza a tramitarse la modificación de la relación de puestos es de hace un par de años y está firmada por su antecesor, Pedro Pérez Eslava.

Y apunta que es un informe de éste de hace un par de años el que apuntaba ahora la necesidad de hacer los puestos para ofrecer contestación al volumen de trabajo de la Intervención --informe que piensa que puede ofrecer contestación a las cuestiones que se hace la oposición (PP, Cs y Vox), que respondió que no tuvo ingreso a él--, aparte de que se realizó asimismo para ofrecer contestación a un convenio del Parlamento por el que se instaba a impulsar este área, fruto del enfrentamiento sobre el estado de la zona del primer año de la presente legislatura.

Además de esas causas, el expediente con el que comienza la tramitación se refiere a otras como la escasez de elementos humanos especialistas, la elevada carga de trabajo o la presencia de sistemas informáticos "obsoletos".

Y tras llevar a cabo una ojeada a la modificación de la RPT y la creación de los 2 "conocidos" puestos, el interventor ha señalado que "se va a poder tener diferente opinión" sobre las medidas que se adoptaron, pero "superaban los métodos" precisos.

"La administración es un ser vivo y de forma continua lo que hacemos es ajustarlo a fin de que su desempeño sea lo mucho más preciso viable", explicó Marín, que ha favorito "ser respetuoso con el trámite" y con el expediente administrativo, alardeando la "buena fe" de la gente que intervienen. "Para mí, mientras que no se pruebe lo opuesto, todo cuanto allí dicen va a misa, no lo tengo por qué razón cuestionar".

De este modo respondió a las cuestiones de PP y Ciudadanos (Cs) sobre si se puede estimar ético que la exconsejera o la exsecretaria general participaran en esos expedientes, puesto que señalan que la ley apunta que en el momento en que un individuo tiene interés personal en los puestos se debe abstener.

"Se hicieron 2 puestos a su imagen y semejanza", ha insistido la 'habitual' María José González Revuelta, repitiendo que los requisitos que se marcaron para entrar a los puestos coincidían con la trayectoria profesional de 'las Marías'. "El certamen es una cacicada y un muy claro amaño que vulnera los principios básicos de la ética y la decencia política", ha denunciado.

En exactamente la misma línea, Felix Álvarez (Cs) piensa que lo ocurrido "no posee un pase", pues la tramitación "es una vergüenza" y los méritos que se valoraron "coinciden escrupulosamente con su trayectoria".

Mientras, desde Vox, Armando Blanco ha lamentado la "autocolocación de las Marías" y aseguró que "cuando menos, la actitud de estas líderes socialistas no fué ética", pero ha favorito no charlar de su legalidad esperando de que se pronuncie la Justicia, una vez que las personajes principales denunciaran al representante de Cs por las acusaciones cerca de este tema.

Por su parte, desde los conjuntos que sostienen al Gobierno regional, PRC y PSOE, Emilia Aguirre y Noelia Cobo hicieron hincapié en que "absolutamente nadie discute" la legalidad del trámite ni que fuera preciso hacer los convocados puestos por el hecho de que era preciso remarcar la Intervención.

Por tanto, han defendido que la RPT "fué precisa", aparte de "negociada y pactada" en la Mesa de Función Pública, y "se ha ceñido a la legalidad".

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