• sábado 01 de octubre del 2022

El juez anula 147.930 euros de deducciones que el Ayuntamiento va a deber abonar a Ascán-Geaser

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Resuelto el primero de los litigios de la UTE con el Consistorio por los descuentos tras la prestación del servicio de limpieza y basuras

SANTANDER, 6 Sep.

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Santander ha resuelto el primero de los litigios presentados por la Unión Temporal de Empresas Ascan-Geaser, encargada hasta 2021 de la limpieza viaria y obtenida de basuras de Santander, contra las resoluciones del Ayuntamiento, que desde junio de 2020 aplicó deducciones en las facturas por mes de la UTE.

En preciso, el juez se pronounció sobre la de noviembre de ese año y ha estimado en parte el recurso, ratificando ciertos descuentos pero anulando otros, por conceptos de personal y obtenida de cartón, que suman 147.930 euros que el Consistorio va a deber devolver a la mercantil.

Así se desprende de una sentencia notificada este martes y contra la que cabe recurso de apelación frente a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria.

La resolución del Ayuntamiento recurrida por la UTE ordenaba el pago de la factura del mes de noviembre de 2020 pero descontando 144.597 euros por partidas de personal y otros 3.333 euros por la obtenida de papel y cartón en shoppings --las dos deducciones fueron canceladas en este momento-, y asimismo 12.500 euros relativos a la interfaz Smart City, 1.500 por el parque de papeleras, 24.957 euros sobre inversión en medios profesionales y 18.745 euros relativos a comunicación y sensibilización, descuentos todos ellos comprobados por el juez.

Los tres juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Cantabria tienen litigios por facturas de otras mensualidades. Además, el Juzgado número 2 está gestionando el recurso de la UTE contra la resolución del contrato, y el número 3 transporta el recurso anunciado por la compañía contra la adjudicación provisional a la que en la actualidad presta el servicio de obtenida de basuras, comunica el TSJC.

A la hora de solucionar el litigio, el magistrado advierte de que no va a elegir ni sobre la resolución del contrato ni sobre la novedosa adjudicación, cuestiones atentos en otros órganos, y tampoco sobre la liquidación, que aún está en sede administrativa. Aclara que el objeto del trámite es investigar "si concurren o no deficiencias en la prestación del servicio y si exactamente las mismas tienen la posibilidad de tener incidencia o no en la obligación de pago del precio".

Sí expone que fue desde junio de 2020 en el momento en que el Ayuntamiento empieza con las detracciones, "técnica no aplicada hasta el momento", y sucede que "hasta el informe de intervención, fundamento de todas y cada una de las resoluciones impugnadas, de manera prácticamente automática, el contratista presentaba una iniciativa de certificación que era admitida y pagada".

Para el magistrado, "la aceptación sin reservas de las certificaciones desde 2013 sin reparos es algo importante" si bien "tampoco es esencial sin más ni más en la resolución del litigio". "El que la administración no haya detectado incumplimientos en años no le impide arrancar los mecanismos de control, que quizás hubiesen de ser anteriores, y utilizar las secuelas a posteriori, o sea, en las facturas siguientes", añade.

La sentencia repasa todas estas partidas y se pronuncia si procede o no el descuento de exactamente la misma en la factura objeto del litigio. Así, con relación a las detracciones sobre personal, el magistrado manifiesta que "halla contrariedad para entender precisamente la llegada de la deducción efectuada por el Ayuntamiento y su cuantificación".

Recuerda que "no se está resolviendo un incumplimiento esencial de resolución o penalidad, ni la indemnización procedente por proporciones de sobra entre 2013 y 2018", sino "lo que se hace es una rebaja en el canon de la factura de un mes muy preciso", con lo que "asegurar que en ese mes el canon era inexacto y no reflejaba los costos de personal repercutibles demandaría algo mucho más que una remisión a una investigación del periodo de tiempo 2013-2018, y mucho más en el momento en que las certificaciones por mes de todos de esos meses se han firmado sin que el Ayuntamiento objetara nada".

Señala de esta manera la sentencia que "es imposible avalar las conclusiones municipales" y "a la poca claridad de las explicaciones se une que hablamos de datos de 2013 a 2018 que sin más ni más se extrapolan a 2020". Por todo ello, escoge anular esta deducción de la factura, que suponía restar 144.597 euros del canon.

También anula el magistrado el descuento de 3.333 euros por la obtenida de papel y cartón en shoppings, pues "el servicio se presta y por este motivo procede su cobro en el canon" y, además de esto, "la interpretación del contrato por las dos partes a lo largo de siete años fué esa: la inclusión en el canon en ese término". "La duplicidad o exceso, en el caso de acreditarse, debe resolverse vía indemnización o liquidación", añade.

El resto de deducciones aplicadas por el Ayuntamiento en la factura del mes de noviembre de 2020 son afirmadas.
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