• domingo 25 de septiembre del 2022

El jurado afirma por mayoría culpable de malversación al exedil de Obras de Reinosa

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SANTANDER, 14 Jul.

El jurado ha proclamado culpable al exconcejal de Obras de Reinosa Julio César García de malversación, por llevar a cabo distintas transacciones desde una cuenta corriente donde se había ingresado dinero del Ayuntamiento a otras de su titularidad, hasta un total de 23.393 euros que incorporó a su patrimonio y que no fueron devueltos.

Así lo ha resuelto esta noche el tribunal por mayoría, de siete de sus nueve integrantes, tras dejar en libertad durante todo el día, en la última día del juicio contra el acusado. Se ha festejado a lo largo de una parte de esta semana y la previo en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Cantabria y, tras el veredicto, quedó visto para sentencia.

Los jurados, que se han apoyado para llegar a esa conclusión en los movimientos bancarios, asimismo han considerado por mayoría -en esta ocasión de ocho en frente de nueve- que el exedil no es en cambio culpable de haber confeccionado facturas falsas a nombre de una compañía inventada para cobrar los trabajos encargados a 2 hermanos vecinos de la ciudad, a los que se adjudicaron distintas actualizaciones municipales y que interpusieron la demanda que ha desembocado en este litigio.

Una vez emitido el veredicto del jurado -compuesto de un total de 24 puntos- y a la visión de que el tribunal comprende que García cometió malversación de caudales públicos pero no falsedad en archivo mercantil por autoridad, el fiscal ha cambiado la pena pedida, mucho más si se tiene presente que asimismo quedó acreditado que la tramitación judicial de esta situación (se inició hace una década) se ha "dilatado excepcionalmente en el tiempo, bastante alén de lo lógico".

En preciso, de los cinco años y medio de prisión apasionados antes de la visión -y reafirmados a su término- el gerente del ministerio público pasó a reclamar la imposición de un par de años y seis meses de prisión por malversación, aplicando la atenuante de dilaciones incorrectas muy cualificada, aparte de cinco años de inhabilitación particular para empleo o cargo público (uno menos que en el escrito inicial alto a definitivo). En término de compromiso civil, sostiene que el procesado indemnice con 23.393 euros al Consistorio.

Por su parte, el enjuiciado -que se sacó la carrera de Derecho a causa de este litigio, en el que se ha defendido a sí mismo, y tras el que anunció su intención de recurrir la sentencia condenatoria- ha considerado que, a la visión de las dilaciones y de la rebaja que acarrea esta atenuante muy cualificada, la pena máxima a imponer es de 12 meses de prisión.

También ha adelantado, en su intervención final en el plenario como letrado defensor, que pedirá la suspensión ordinaria de exactamente la misma, y ha entusiasmado que de cara a la compromiso civil sea el Ayuntamiento el que determine el perjuicio provocado, para no incurrir de esta manera en un viable "enriquecimiento injusto" de esta administración. Y es que esta parte comprende que las proyectos encargadas a los 2 denunciantes fueron ejecutadas -si bien ciertas "no correctamente"-, con lo que la meta es que no le "salgan gratis" al Consistorio.

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