El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Santander ha decidido solicitar una prórroga adicional para reforzar la investigación relacionada con la trama de Carreteras en Cantabria. Este refuerzo, que se extenderá por seis meses adicionales, abarcará desde enero hasta junio de 2024. Según fuentes de la Dirección General de Justicia que han informado a Europa Press, el Gobierno regional está dispuesto a conceder esta solicitud.

Inicialmente, el apoyo adicional que se estaba ofreciendo mediante una funcionaria destinada a facilitar las labores de la gestoría de este complejo caso finalizaba el 31 de diciembre. Sin embargo, la necesidad de profundizar en la investigación ha llevado a decidir su continuación hasta el 30 de junio del próximo año.

Además de esta extensión de recursos, la instrucción de la causa también ha visto prorrogados sus plazos. Hasta la fecha, se han concedido tres prórrogas y, por ahora, el periodo de investigación se extenderá hasta el 1 de abril, aunque se espera que se presente una nueva solicitud de prórroga antes de esa fecha.

El motivo principal de esta última prórroga se debe a que las diligencias aún dependen de las declaraciones de algunos de los investigados, un proceso que comenzó en septiembre. Asimismo, se está a la espera de la validación de informes periciales proporcionados por las defensas, los cuales incluyen análisis económicos y documentos administrativos que merecen revisión en el marco de la investigación.

A pesar de estos esfuerzos y de las prórrogas concedidas, la instrucción no ha podido ser completada dentro del plazo máximo de doce meses establecido por la Ley de Enjuiciamiento Criminal desde el inicio del proceso en octubre de 2022, ni conforme a los tiempos que se habían señalado en las anteriores resoluciones de extensión.

La trama salió a la luz en febrero de 2023, centrándose en la figura del jefe del Servicio de Carreteras Autonómicas, Miguel Ángel Díaz, quien se encuentra bajo investigación y ha sido señalado como el presunto líder de la red. Díaz fue encarcelado durante seis meses y, tras su liberación, fue destituido de su cargo en la Consejería correspondiente.

Entre los delitos que se le imputan se encuentran cohecho, fraude en la contratación pública, blanqueo de capitales, prevaricación y falsedad documental, con posibles penas de hasta seis años de prisión por cada uno de ellos.

Además, la investigación ha revelado que su esposa e hijas, junto con los responsables de cuatro empresas del sector en la región, están también implicados en el escándalo. Las empresas mencionadas, que se encuentran bajo el escrutinio judicial, son Rucecan, Api Movilidad, Cannor y La Encina.

Durante los procedimientos de la causa, se ha iniciado una pieza separada que investiga, específicamente, presuntos fraudes en la contratación pública y cohecho. Esta parte del caso es gestionada por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Santander.

En este segundo conjunto de acusaciones, se encuentra implicado personal de Gesvican, una empresa que, al igual que otras involucradas, forma parte de la misma Consejería del Gobierno regional, lo que agrava aún más la gravedad del caso y las implicaciones éticas que conlleva.