El Juzgado permite a empresas implicadas en la trama de Obras Públicas continuar contratando.
El Gobierno de Cantabria había solicitado una medida cautelar para prohibir contratar a empresas presuntamente involucradas en una trama de corrupción en el Servicio de Carreteras Autonómicas. Sin embargo, la jueza Mercedes Compostizo del Juzgado de Instrucción número 5 de Santander ha rechazado la petición del Ejecutivo.
La magistrada ya había aceptado en marzo la petición del Gobierno cántabro de incluir a las empresas investigadas en la causa, ya que inicialmente solo figuraban los responsables como personas físicas. La intención era apartar a estas empresas de los contratos que estaban en licitación, habiéndose detectado posibles ilícitos en una decena de expedientes que debían ser adjudicados.
Tras una vista en la que se abordaron las medidas cautelares reclamadas, la jueza rechaza la petición del Gobierno de prohibir contratar a las sociedades implicadas en la trama: Rucecan, La Encina, Cannor y API Movilidad.